Insistiendo sobre el derecho ciudadano a hacer incidencia política, participar en el espacio público y promover cambios que mejoren nuestras vidas particulares y colectivas —estemos o no inscritos en un partido político—, voy a compartir unas breves reflexiones sobre los siguientes ejemplos.
La permanencia de facto de algunos funcionarios del Estado es un tema “político”, porque afecta la Constitución y la legalidad, donde están las normas que todos hemos acordado respetar. Las organizaciones civiles vamos a seguir denunciando este hecho, amparadas en el Arto. 50 de la Constitución que tutela el derecho de los ciudadanos a participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal. En su oportunidad, algunas organizaciones hicimos “política” proponiendo listas de ciudadanos que no pertenecían a órganos de dirección de ningún partido y con reconocimiento social, de las cuales la Asamblea podría haber escogido a los magistrados de los poderes del Estado. Estas postulaciones inscritas oficialmente por diputados, demostraron que Nicaragua tiene gente capaz de despartidarizar los poderes del Estado, pero no hubo voluntad política en la clase dirigente para evitar el caos institucional en que estamos inmersos.
El problema de entrar a estas elecciones próximas con un partido político importante, como es el FSLN, con un candidato “ilícito e inexistente” como gusta decir un conocido funcionario, es un asunto “político” —afecta el bien común— porque está demostrado por nuestra historia que el continuismo en el poder ha sido desastroso en Nicaragua. El presidente Ortega no puede ser candidato porque la Constitución Política lo prohíbe doblemente, y la CSJ no puede reformar la Constitución. No es por la persona del señor Ortega, es porque se está violentando el orden constitucional en un tema central para el funcionamiento del sistema político, cuya alteración siempre ha traído sufrimiento a nuestras familias, confrontaciones internas y rupturas del progreso económico y social. Entonces, denunciarlo, repudiarlo y advertir sobre sus posibles consecuencias, es un acto “político” de la mayor relevancia para cada ciudadano nicaragüense.
Un reciente estudio de Funides recuerda la importancia del desarrollo con institucionalidad, lo que equivale a Desarrollo Humano Sostenible, para evitar “los ciclos históricos de inestabilidad y estabilidad forzada” que nos tienen sumidos en un desarrollo inequitativo y dependiente de la cooperación internacional y/o de coyunturas que no controla el país, como los precios de nuestros productos de exportación. ¿Quién puede negarnos el derecho y la obligación a las organizaciones y a la ciudadanía de exigirle a la clase política que respete las normas que aprobaron en la Constitución Política? ¡Nadie puede negarnos el derecho y el deber de advertir las consecuencias que esto ha tenido en la historia de Nicaragua y que puede seguir teniendo!
Pero estamos frente a una mentalidad anacrónica de algunos sectores políticos que los hace creer u opinar que la “acción política” evidencia filiación partidaria, adjudicando a los partidos un rol exclusivo y excluyente del quehacer político. Esta mentalidad es propia de la cultura autoritaria, pero debe ser más bien un estímulo para que las organizaciones cívicas y la ciudadanía tengamos firmeza y valentía de exigir y ejercer nuestros derechos. En estos días y con nuestro voto masivo, el derecho humano básico a Elecciones Libres y Transparentes. Un derecho de la mayor relevancia política porque de ello depende la posibilidad de que el país revierta el camino del autoritarismo, la confrontación y el empobrecimiento, tres asuntos que están absolutamente situados en la intersección entre la política y la cotidianidad de nuestra vida ciudadana. La autora es directora del Movimiento por Nicaragua
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