Frecuentemente, funcionarios públicos acusan a las organizaciones de la sociedad civil de inmiscuirse en política ¡Y tienen razón! Muchas defendemos la democracia, la libertad y el bienestar del pueblo de Nicaragua. Impulsamos una agenda política pero no en el sentido estrecho de los que la interpretan como sinónimo de partidarismo, sino en su verdadero sentido, que es la búsqueda del bien común. He aquí algunos ejemplos de esas acusaciones.
El magistrado electoral de facto, señor Villavicencio, denunció una campaña negra de la sociedad civil en contra del CSE, atribuida, a “un enorme rencor hacia ese Poder del Estado”. En principio, no se resiente a un Poder del Estado. Pero ciertamente existe una indignación generalizada por el desempeño de los funcionarios de ese Poder del Estado, a quienes mantenemos con nuestros impuestos y se deben a todos los nicaragüenses.
Villavicencio reconoció que las organizaciones no nos pronunciamos cuando ganaron Alemán y Bolaños, pero olvidó decir que tampoco cuestionamos el triunfo de Ortega en 2006, pese a que hasta hoy desconocemos los resultados del 8.5 por ciento de los votos. Pero es una realidad que a partir del fraude de las elecciones municipales de 2008, muy pocos nicaragüenses confían en la institución electoral, tal como lo reflejan inequívocamente las encuestas de opinión. Es por eso que las organizaciones acompañamos a la ciudadanía en esta indignación y denuncia, porque es un mandato institucional y un derecho justo hacerlo. La denuncia de fraude, corrupción, usurpación de poderes y violaciones a las leyes, no conciernen exclusivamente a los partidos. Son temas ciudadanos, reivindicaciones políticas que tenemos el deber y el derecho de asumir.
Contrario a lo que opina este señor, las organizaciones no hemos ignorado los problemas de la cedulación en los periodos no electorales como sí lo han hecho las autoridades electorales y algunos sectores políticos. El Movimiento por Nicaragua mantuvo un trabajo arduo en el 2007, después de las elecciones, para contribuir a resolverlo. Inclusive, intentó —sin resultado— un acuerdo de cooperación con el CSE para acercar a los funcionarios a las solicitudes de cédulas de comunidades remotas. Más aún, con el Grupo Promotor de Reformas Electorales, impulsamos una propuesta para mejorar este y otros aspectos del sistema político, que incluye la creación de un Instituto de Cedulación, que atienda este derecho permanentemente y desligado del tema electoral. Igualmente hemos clamado, porque se cumpla con la Ley de Identificación Ciudadana, la que mandata a los consulados a recibir solicitudes y tramitar las cédulas de los nicaragüenses en el exterior y hasta autoriza el pago de un estipendio para los costos, lo que nuestros hermanos lejanos están dispuestos a asumir. Entonces, quien ha dañado el prestigio del CSE son sus mismas autoridades y sectores políticos que han utilizado las cédulas como un instrumento de premio, chantaje o manipulación para sus intereses particulares.
El “círculo vicioso” como lo denomina el señor Villavicencio, con el que se está violentando este derecho, es responsabilidad de quienes deberían de buscar cómo resolverlo, el CSE y la clase política del país. Y nuestra responsabilidad es hacer “política” insistiendo en nuestros derechos y en la responsabilidad del Estado de respetarlos. Ellos son nuestros servidores. El ciudadano debe evaluar su desempeño y aplicar las correcciones que la ley autoriza, la principal, salir a votar masivamente este 6 de noviembre, como un acto político ciudadano de la mayor importancia.
La autora es directora del Movimiento por Nicaragua (MpN).
Ver en la versión impresa las páginas: 9 A
