Por Rodolfo Zelada
GUATEMALA/AFP
Guatemala, el nuevo El Dorado de los cárteles de la droga, elige este domingo un nuevo presidente que, además de los desafíos de combate a la pobreza y auxilio a víctimas de desastres naturales, deberá hacer frente al crimen organizado que ya controla vastas porciones del país.
Última frontera con México, antesala del gigantesco mercado estadounidense, Guatemala es núcleo de la llamada ruta centroamericana, por donde circula el 90% de la cocaína consumida en Estados Unidos, según datos de aquel país.
Guatemala parece impotente ante el volumen del negocio que enfrenta, y que quintuplica con creces el presupuesto del gobierno de unos 6.000 millones de dólares, reconoció el presidente socialdemócrata Alvaro Colom en una entrevista con la France-Presse el mes pasado.
«Es muy difícil calcular cuánta coca pasa por Guatemala, pero por lo que dice la DEA (agencia antinarcóticos de EEUU), las estimaciones nuestras y las incautaciones (…) vendría a ser 240.000 millones de quetzales», unos 32.000 millones de dólares, dijo Colom.
El narco es parte central de la violencia que azota Guatemala y que se traduce en casi 50 homicidios anuales por cada 100.000 habitantes, una de las mayores tasas del mundo.
«La lucha contra el narcotráfico ha sido frontal. En nuestros registros figura la captura de importantes capos requeridos por Estados Unidos, cuyos procesos de extradición se están ventilando en los tribunales», declaró por su parte Nery Morales, portavoz del ministerio del Interior, interrogado por la AFP.
El vocero enumera que este año fueron capturados más de un centenar de narcos, muchos mexicanos. Pero todo el mundo sabe que son pequeñas victorias, ya que sin colaboración internacional, lo único que se propicia son las fugas hacia el país vecino, un fenómeno que en América Central se conoce como «el efecto cucaracha».
En las ciudades los cárteles tienen a disposición la mano de obra barata de las pandillas, peores en el campo donde los narcos, con arsenales dignos de un ejército, muestran su mayor poder y llegan a tener zonas liberadas.
El selvático y poco poblado norte guatemalteco ha sido tomado por los cárteles y al menos dos familias guatemaltecas, a las que se sumó el cártel mexicano de Los Zetas, controlan esas zonas, de fuerte población indígena y que hasta hace una década fueron escenario de una cruenta y larga guerra civil.
En el departamento de Petén, en mayo, el gobierno decretó la suspensión de garantías constitucionales luego de que un comando narco ingresó en una finca un domingo de mañana buscando al propietario del campo, y ejecutó a todos los trabajadores (27), excepto a uno para que contara lo ocurrido.
Meses antes en Alta Verapaz, también en el norte, el gobierno había decretado el estado de sitio y enviado fuerzas especiales para tratar de recuperar el control de ese territorio.
Ambas zonas son además muy bien conocidas por los dos principales candidatos en estas elecciones.
El derechista general Otto Pérez, del Partido Patriota y que lidera las encuestas con más de 40% de intención de voto, estuvo al mando de unidades militares en la región durante la guerra civil (1960-1996).
El candidato, de 60 años y cuyo simple y casi exclusivo lema de campaña ha sido «Mano dura», quiere recurrir al ejército para sumarlo al combate antinarcóticos, y desarrollar la inteligencia civil, las escuchas y las entregas controladas.
Por su lado, el también derechista Manuel Baldizón, que orilla los 25 puntos en los sondeos, es oriundo de Petén, y allí tiene todavía su domicilio.
Baldizón es aún más parco y menos preciso que Pérez en su plan de lucha y se limita a proponer la «creación de una guardia nacional, en sustitución de la Policía Nacional Civil», a la que considera infiltrada y corrompida. Pero reconoce que esa iniciativa –que aún no tiene como financiarse– debería ser aprobada previamente en consulta popular, es decir demoraría años.
Por supuesto que la sospecha sobre infiltración de dinero sucio en las campañas está a la orden del día en Guatemala y el propio Baldizón, cuya familia tiene vínculos con otra familia sospechosa de nexos con el narco, ha debido enfrentar rumores en ese sentido.
«Hay demasiado gasto, se han cruzado los límites permitidos y el TSE (Tribunal Supremo Electoral) no cuenta con herramientas para ponerle un alto. Además, no hay especificaciones de dónde viene (el financiamiento)», dijo José Octavio Ordóñez, jefe de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En el mismo sentido de pronunció Renzo Rosal, director de Incidencia Pública de la Universidad Rafael Landívar, para quien es preocupante «la oscuridad del origen del financiamiento» de las campañas.
