Por Lucydalia Baca y Gloria Picón
Sin embargo, el artículo 88 de dicha ley establece que el director general tendrá una permanencia de 5 años en el cargo y concluido este período pasará a retiro.
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Representantes de los partidos de oposición acusaron a la jefa de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, de convertirse en cómplice del presidente Daniel Ortega en los “continuos atropellos a la Constitución y demás leyes del país que comete”, al ampararse en un decreto “ilegal” para permanecer, como directora de facto de la institución policial a pesar que la Ley 228 la obligaba a retirarse.
Además, lamentaron que teniendo los votos necesarios en la Asamblea Nacional para reformar dicha ley, el presidente Ortega haya elegido emitir un decreto ilegal para mantenerla en el cargo.
El candidato presidencial de la Alianza Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Arnoldo Alemán, señaló que al convertirse Granera en la funcionaria de facto número 26, Nicaragua sigue de luto y está asistiendo al entierro del Estado de Derecho y de la Constitución.
Alemán aseguró que el PLC ofreció sus votos para reformar el artículo 88 de la Ley 228 de la Policía Nacional, pero el FSLN hizo caso omiso de la oferta.
Para el diputado del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Víctor Hugo Tinoco, la jefa policial con su decisión pone en riesgo la estabilidad del país.
Aseguró que con su actitud viola la ley de la Policía y que de acuerdo a los artículos 130, 182 y 183 de la Constitución Política de Nicaragua, el presidente Ortega no está facultado para prorrogar cargos establecidos por ley.
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