Hace unas pocas semanas, en Quito, el doctor Patricio Pazmiño Freire, presidente de la Corte Constitucional de Ecuador, explicó a los miembros de una misión de la SIP la situación imperante en materia de libertad de prensa en ese país, en los siguientes términos: Ustedes no van a comprender lo que ocurre en Ecuador si no tienen en cuenta que a partir de la aprobación de la Constitución de 2008, aquí hubo un giro copernicano en las reglas de juego y en la concepción del derecho. Antes, el Estado de derecho estaba basado en la tradición republicana y liberal, donde como ustedes saben predominan los derechos y las garantías individuales. Ahora, los derechos colectivos han pasado a tener preeminencia. Y esta ley de comunicación se enmarca en esa concepción nueva.
Y parece que el doctor Pazmiño no mintió. Que en Ecuador bajo el mando de Rafael Correa las libertades y derechos individuales no tienen garantías y que por supuesto quien interpreta cuales son los derechos y los intereses colectivos que importan y han de prevalecer es el propio Correa. Así de claro. En la misma línea también ha desaparecido la vieja idea —republicana y liberal del tradicional Montesquieu— del equilibrio de poderes, lo que se ha conseguido fácilmente sometiendo los poderes legislativo y judicial al ejecutivo, mediante algunos “giros copernicanos” formales, a través de reformas constitucionales o leyes especiales, que resuelven los “conflictos” a favor del mandamás. En Ecuador la Corte Constitucional, precisamente, cumple una tarea esencial en ese aspecto, para dirimir conflicto de poderes.
En el Alba, club de países que lidera Hugo Chávez admiradores a su vez de Gadafi entre otros reconocidos demócratas, son especialistas en ese tipo de cambios copernicanos. Lógicamente el comandante bolivariano en esta materia es el número uno y maestro ejemplar. En el campo judicial, por ejemplo, en Venezuela es bastante común que previamente Chávez anuncie por televisión a quién se va a iniciar proceso judicial o a quién hay que meter preso y que recién a partir de ahí, jueces y fiscales, que hasta ese momento no tenían ni idea del tema, comiencen a actuar con gran entusiasmo. En el campo legislativo para muestra basta un botón —¡y qué botón!—: hace unas pocas horas de retorno de La Habana, el presidente Chávez al amparo de la Ley habilitante dictó un Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley nacionalizando el oro. Nada menos, y lo resolvió él solito. Lo firmó en Consejo de Ministros, pero todo el mundo sabe que fue él solito. El congreso legislativo estuvo por fuera. En Venezuela, por decisión de los propios legisladores —no de los actuales, sino de los anteriores, todos chavistas— el presidente Chávez (no otro) puede dictar decretos-ley (como hacen las dictaduras) adornados de toda esa perorata por cuales pueden dilapidar toda la riqueza y el futuro bienestar de toda una nación y privar, eso sí por un tiempo, de su libertades y derechos a los ciudadanos de un país.
Y en ese avance contra los otros poderes, los abruma no poder dominar a ese que creen el “cuarto poder”, y al que quieren someterlo como sea, al precio que sea —a sus dueños, sus profesionales, a sus contenidos— usando leyes, jueces y tribunales sumisos, cárcel, prebendas, publicidad oficial, persecución fiscal, pero que no lo logran totalmente porque su razón es ser el antipoder. Ese es su único poder. El poder es de la gente contra el cual no hay giro copernicano, ni reforma constituyente, ni búnker, ni petróleo que valga, como se ha visto tantas veces y como lo estamos viendo en estas horas. El autor es periodista uruguayo, director del semanario Búsqueda.
En el poder copernicano las libertades y derechos individuales no tienen garantías y quien interpreta cuales son los que importan y han de prevalecer es el Presidente.
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