Todos los sectores políticos y sociales interesados en la campaña electoral que comenzó oficialmente el recién pasado sábado 20 de agosto, salvo el oficialista, han rechazado el reglamento de “acompañamiento” electoral que han dado a conocer los magistrados de facto del Consejo Supremo Electoral.
Al respecto, la expresidenta del Consejo Supremo Electoral, doctora Rosa Marina Zelaya, dijo a LA PRENSA que ese reglamento “es una clara violación a la Ley Electoral, porque la figura de acompañamiento no existe en Nicaragua, pero además agrega que no es solo semántica, sino que dentro del contenido se nota que no hay regulaciones sino restricciones”. A su vez, Violeta Granera, dirigente de la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD), también en declaraciones a este Diario “advirtió que, dentro de las restricciones que ya se establecen en el reglamento, también el artículo cuatro del mismo da márgenes de discrecionalidad al CSE para imponer límites y condiciones a su antojo, es decir, más allá de lo que específica el reglamento”.
Por su parte, la representante del Centro Carter de Estados Unidos, Jennifer McCoy, en declaraciones que dio a CNN en español objetó el mencionado reglamento porque, dijo, “tenemos entendido que hay una serie de limitaciones que todavía no están claras”. Y advirtió que “ahora no nos queda más que posiblemente tener una delegación reducida presente”.
“Posiblemente” significa que no hay seguridad de que venga una delegación del Centro Carter a observar las elecciones de este año, debido a las irritantes restricciones impuestas por los magistrados de facto del CSE. Además, “posiblemente” los otros organismos internacionales de observación electoral, como la Unión Europea y la OEA, también deben estar dudando en venir bajo las condiciones limitantes establecidas por el CSE de facto. Y estarán pensando también si viniendo más bien podrían avalar unas elecciones que de antemano son al menos muy dudosas, con un candidato presidencial oficialista ilegítimo y un rosario de fallas, como la impureza del padrón electoral, la cedulación sectarizada, las ilegales inhibiciones de candidatos de la oposición y la agresión e intimidación a quienes reclaman sus derechos.
Pero a nuestro juicio los organismos internacionales de observación electoral sí deben venir a observar las elecciones de noviembre; así como también las deben vigilar los observadores nacionales, a pesar de todas las restricciones contenidas en el reglamento de los magistrados electorales de facto. No venir a observar las elecciones le facilitaría las cosas a Daniel Ortega, quien por medio del CSE de facto pone restricciones a la observación precisamente para que no vengan los observadores independientes, y para fomentar la abstención de los ciudadanos demócratas y los votantes indecisos, porque así le sería más fácil conseguir su propósito de ganar las elecciones como sea y perpetuarse en el poder.
Según Larry Garber, antiguo Asociado Senior para Procesos Electorales, del Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos y uno de los redactores del Diccionario Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), el objetivo de la observación electoral es “informar objetivamente sobre el cumplimiento por parte de un país del derecho de participación política, tal como se formula en el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros instrumentos de derechos humanos, para desestimular el fraude en el día de las elecciones, para informar públicamente si ocurre, y para brindar apoyo a quienes participan en el evento de mayor significado simbólico en una democracia”,
Ese objetivo se puede y se debe cumplir a pesar de las restricciones impuestas en el reglamento de “acompañamiento” dictado por el Consejo Supremo Electoral de facto. Los observadores pueden, si quieren, denunciar los actos fraudulentos, los abusos gubernamentales, las violaciones al derecho ciudadano de participación política, etc. Y si por hacer esas denuncias Roberto Rivas monta a los observadores en un avión y los saca del país, como ha amenazado, peor para Ortega. De esa manera se pondría en una clara e incuestionable evidencia mundial, la absoluta ilegitimidad del régimen orteguista que pretende perpetuarse en el poder.
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