Tomado de nacion.com
La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, rechazó ayer la propuesta de su par nicaraguense, Daniel Ortega, de crear una comisión internacional que proteja el medio ambiente en isla Calero, conocida en Nicaragua como Harbour Head.
La iniciativa del mandatario sandinista quedó descartada ayer por la presidenta Chinchilla, quien advirtió que Costa Rica se acogerá únicamente a lo señalado en marzo por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde se le da la potestad exclusiva para que vele por el cuidado ambiental del humedal al que pertenece Calero.
“Costa Rica lo que tiene que hacer, y es lo que estamos haciendo, es atenerse estrictamente al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y ese fallo es muy claro: sólo Costa Rica tiene potestades de velar por la situación ambiental de isla Calero; solo Costa Rica tiene posibilidad de ingresar a esa parte en territorio costarricense en concordancia con lo que ha establecido la comisión Ramsar”, dijo.
El martes Ortega dijo en Managua ante medios de prensa que impulsará que ambientalistas de ambos países, “de las Américas y del mundo, sumen esfuerzos para cuidar, proteger, restaurar, recuperar este humedal”.
El 5 de abril la comisión de protección de humedales Ramsar detectó daño ambiental en el humedal Caribe Norte, que abarca el territorio de isla Calero.
La disputa por la isla Calero, en la costa caribeña del país, se inició en octubre del 2009, cuando el excanciller René Castro no objetó que a Nicaragua realizara un dragado en el río San Juan.
Castro aceptó “garantías verbales” de Ortega sobre la seguridad de que el dragado no causaría daños en el territorio costarricense.
Sin embargo, poco menos de un mes después, en noviembre, trascendieron denuncias sobre destrucción y ocupación del Ejército de Nicaragua en la costarricense isla Calero. El gobierno de Ortega insistía en que el territorio era nicaraguense, aunque ni siquiera aparecía en sus mapas oficiales.
El daño lo ocasionó el trabajo de dragado y la apertura de un caño por civiles nicaraguenses que contaron con el apoyo de su país.
La incursión nicaraguense en territorio costarricense impulsó a las autoridades ticas a generar una ofensiva diplomática y técnica que implicó denuncias ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Convención Ramsar para la protección de humedales y que finalmente llegó a La Haya.
