Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, algunos de los cuales detentan de facto esos cargos superiores del Estado, a menudo acusan a los medios de comunicación de querer decidir de qué manera y en cuál sentido tienen que ser dictadas las sentencias judiciales.
Aunque los magistrados no lo especifican, suponemos que se refieren a los medios de comunicación independientes, porque son estos los que siempre están demandando que haya una buena administración de justicia. Y aunque los medios de comunicación independientes están en minoría en comparación con los medios oficialistas, sin embargo son los que gozan de la confianza pública porque los ciudadanos saben que la información para ser auténtica y creíble tiene que estar libre del control gubernamental.
Pero los medios de comunicación independientes no pretenden suplantar a los señores magistrados de justicia ni decirles cómo deben realizar sus funciones. Lo que decimos, y mejor dicho exigimos, es que los magistrados deben hacer justicia de verdad, tal como se los manda expresamente la Constitución de Nicaragua. La división del trabajo y de las funciones profesionales es determinada por la naturaleza de las cosas y por el rol de las instituciones, y cada quien tiene la responsabilidad de hacer lo que le corresponde. La función de los jueces y magistrados consiste en hacer justicia, castigar los abusos y delitos que cometen funcionarios y personas particulares, reconocer a cada quien lo que en derecho le corresponde. A los medios de comunicación lo que nos compete es informar, pero también opinar, criticar, denunciar, y en lo que a los magistrados y jueces se refiere, exigirles que impartan justicia efectiva y oportuna y que actúen con probidad personal y profesional.
La ocasión más reciente en la que magistrados legales y de facto del Poder Judicial de Nicaragua, han acusado a los medios de comunicación de pretender arrogarse la función de impartir justicia, ha sido la d el fallo dictado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para reducir la pena de prisión, prácticamente a cero, al reo Farinton Reyes Larios, quien fuera condenado por haber violado sexualmente a Fátima Hernández. Ese fue un fallo escandaloso, entre otras cosas porque según los magistrados la víctima fue permisiva de la violación sexual que sufrió, en tanto que el violador actuó con el atenuante del “arrebato” que le habría provocado la ingesta de algunas cervezas.
Pero el más elemental sentido de honestidad jurídica indica que ninguna mujer puede ser cooperadora de su propia violación sexual. Por su naturaleza y definición legal, la violación sexual es un acto que se realiza mediante el uso de la fuerza en contra de la voluntad de la víctima. Y esto es así incluso cuando hay o ha habido entre víctima y victimario una relación personal de por medio. Como dicen las defensoras de los derechos humanos femeninos, en lo que se refiere a la relación sexual, no es no, así se trate del amante, el compañero o el esposo de la mujer.
Los medios de comunicación que han criticado ese vergonzoso fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, no pretenden sustituir a los magistrados y jueces en la función judicial. Lo que han hecho es criticar con derecho y razón una sentencia descabellada y machista, que en vez de hacer justicia a la víctima de violación sexual la ultraja legal y moralmente y la obliga a buscar en organismos y tribunales internacionales la justicia que aquí se le niega.
En realidad, este escandaloso atropello a la justicia debería avergonzar a las personas que tienen a su cargo la función judicial, las cuales deberían ser destituidas de los delicados cargos que no tienen capacidad para desempeñar. Pero como eso es imposible en la degradada situación de Nicaragua, por lo menos los medios de comunicación independientes cumplen su deber de reflejar la indignación ciudadana, su compromiso de denunciar el abuso del poder y su derecho de exigir que se haga justicia.
Donde no hay crítica pública los gobernantes hacen lo que quieren y actúan con absoluta impunidad. Y ya que no hay institución que pueda castigar los abusos de los gobernantes, incluyendo a los magistrados, al menos que soporten la crítica de la opinión pública y la denuncia de los medios de comunicación; los cuales, precisamente para poder ejercer esa función social tienen que ser independientes, sobre todo del Gobierno que solo quiere que haya medios sumisos como los oficialistas, que informan de manera sesgada y superficial y no critican nada de lo malo que hacen los funcionarios, tanto en la rama judicial como en los demás ámbitos del poder.
Ver en la versión impresa las páginas: 8 A
