Los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia emitieron una vez más una sentencia absurda, incoherente y sin apegarse a las leyes que fueron dictadas para proteger a las víctimas y castigar a los victimarios.
Me refiero al fallo a favor de Farinton Reyes Larios y en contra de Fátima Hernández en el caso de violación, que bajó la pena a 4 años la pena que se le había impuesto por haber cometido ese delito.
En el expediente médico el forense del Ministerio Público, doctora Rodríguez Uzaga, explicó en el juicio oral y público que “los pezones estaban enrojecidos sensibles al tacto y además cuando existe laceración en esa parte genital, es normalmente por ocurrencia de una relación sexual no consentida”. Eso se llama violación aquí y en cualquier otra parte del mundo.
En el caso de Fátima Hernández yo no discuto con nadie si ella fue o no pareja de Farinton. Lo que está en discusión es el derecho de toda persona, en este caso la mujer, de decir “No” al “marido, amante, amigo, querido, novio, pareja o como se le quiera llamar.
Es importante que en la sociedad nicaragüenses, tanto jóvenes como adultos aprendamos que nuestros derechos terminan donde y cuando inician los de otras personas. Pero este caso es un vivo ejemplo de que por la gran injusticia de los señores magistrados no se puede decir que es un reconocimiento de la justicia y un triunfo y motivo de orgullo para la nación.
Leí las declaraciones que dio al Diario LA PRENSA la magistrada sandinista de la Sala Penal, Juana Méndez, donde afirma que el hecho de ir a un hospedaje Fátima con Farinton, la convierte en permisiva víctima colaboradora.
Pregunto: ¿dónde sacaron tales términos estos señores para justificar un fallo por intereses personales a favor del violador? ¿Acaso una niña que vive con su padre o padrastro que es violada la hace víctima permisiva colaboradora por vivir en esa vivienda? La verdad es que este espurio fallo judicial nos coloca en una gran indefensión jurídica sin precedente para un abuso abominable, cuando hay personas que a diario luchan en Nicaragua para erradicar todo tipo de violación contra niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres, que dañan la dignidad humana y colocan a Nicaragua como una nación enferma con altos índices de violencia.
La magistrada Méndez afirma que midieron la responsabilidad del abusador a la luz de los comportamientos de la víctima antes, durante y después de haber sido violada. “Dentro de esto se menciona a la clasificación de víctimas como víctimas pasivas, víctimas cooperadoras, víctima provocadora, víctima colaboradora y la víctima que por sí misma busca el peligro”, manifestó.
Para mí esto es grave porque no basan sus fallos en pruebas sino en interpretaciones, que sientan un mal precedente para el Estado de Derecho de este maltratado país. Pero qué podemos esperar de una magistrada que absolvió a Daniel Ortega de la acusación de su hijastra Zoilamérica por violación.
Coincido con el obispo de Granada, monseñor Jorge Solórzano, quien dijo: “No me puedo quedar callado ante las injusticias, las violaciones a la Constitución y a las leyes del país, al Estado de Derecho, a la institucionalidad; el irrespeto a la dignidad de la persona humana; no me puedo callar cuando se está dañando a todo un pueblo, lo cual hemos denunciado”, al referirse al panorama que ve de Nicaragua.
Insto a los diputados del Poder Legislativo a iniciar un proceso de destitución de magistrados que se colocan al margen de la ley al dictar fallos contradictorios, confusos e irracionales y dejando a los nicaragüense en la total indefensión. ¡Dios bendiga a Nicaragua!
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