Devoto a los estudios propios del Derecho Penal, le he dado seguimiento a muchos casos de amplia publicidad de delitos graves cometidos entre el año 2010 y el 2011, pudiendo notar con profunda pena y lo manifiesto con toda sinceridad que en la mayoría de los casos algunos judiciales deciden sus resoluciones a tenor de la mejor oferta política que los deslumbra para forjarse ilusiones de ascenso en el sistema judicial nicaragüense. No niego y es natural que los jueces aspiren a ser reconocidos por sus actuaciones transparentes y con culto a la legalidad y en total observancia a los principios de “la dignidad humana” y el principio de “reconocimiento y protección de la víctima”. En los principios citados, que es menester su cumplimiento, debe tenerse con una garantía de credibilidad de los resultados que terminan con sentencias con respaldo total del soberano principio de lo conocido como regla penal de absoluta legalidad. Esto que pase como puerta de entrada a lo que pretendo exponer y que cobija el título del presente artículo, en lo relativo al calvario vergonzoso y penoso que ha vivido la joven Fátima Hernández, víctima del delito de violación agravada con pruebas contundentes que no dejan duda de la total culpabilidad de su victimario que me cuido de no mencionar porque a mi juicio se ha logrado por intereses políticos partidarios ser retratado con mucha parcialidad, que desfile el silencio de su nombre y apellido como una calculada omisión que merece por el delito cometido y que como dije ha tenido a su favor lamentablemente gestiones de personas que se han definido muy solidarios con la conducta del victimario de la joven Hernández.
Me decía un estimable profesional de la Medicina Forense que lo descubierto en las gravosas faltas de médicos al servicio del Instituto de Medicina Legal, que han falsificado dictámenes médico-legales para atender recomendaciones de funcionarios del actual gobierno, es para pegar “un grito al cielo” pidiendo a Dios que la justicia en Nicaragua vuelva por sus fueros de dignidad y decoro para evitar llegar a que nuestros ciudadanos hagan justicia por sus propias manos. En los muchos datos que tengo anotados de lo propio del juicio contra el victimario de Fátima, saco en conclusión y espero no equivocarme, que sin pena ni gloria los encargados del citado juicio han demostrado superar obstáculos de procedimiento y explicación de penas para burlar los alcances reales de un debido proceso con las garantías que respalda la Constitución de la República y nuestro Código Penal. Este juicio no está exento ni será un trago amargo para Fátima que culmine con una sustancial rebaja de pena para el enjuiciado o que se declare nulo el proceso en cuestión. Es más, se debe recordar que los jueces disponen de las herramientas necesarias para levantar un proceso que no deje duda de que se usaron las vías legales para ubicar en su momento la inocencia o culpabilidad del o los implicados. Pero aquí en el caso que me ocupa los judiciales involucrados han tomado sin rubor el camino de la ilegalidad y de las interpretaciones antojadizas y esto es en definitiva una burla y una bofetada a la víctima y debo decirlo al desnudo porque me duele tanta ilegalidad, aquella frase o refrán muy popular que dice “tras cuernos palos”, pues Fátima fue ultrajada sexualmente y luego se levantó un proceso amañado y vicioso.
No obstante, queda en manos, y espero acertar, que la Sala Penal de la CSJ usando con mucho talento la lógica jurídica y una interpretación muy sana y seria van a saber que los hechos que llegaron en casación lo respalda la evidencia de la culpabilidad del autor del delito investigado.
Finalmente estimo que el delito de violación agravada grita a todo pulmón que lo cometido en la persona de Fátima se retrata de cuerpo entero la culpabilidad del susodicho victimario pues el artículo 169 del Código Penal Actual cataloga que lo cometido contra la joven Hernández es violación agravada y tiene como pena entre los 12 y los 15 años de prisión. Un prestigiado jurista en funciones en una Corte de Apelaciones en los Estados Unidos dijo en una conferencia una vez ante abogados y estudiantes de leyes: “A los delictivos que niegan sus crímenes, se les debe recordar que deben tener la hombría de reconocer la autoría de sus delitos y no negarlos para no pagar la pena, y para ello reflexionar con responsabilidad para no cometerlos”.
El autor es jurista, miembro de la Academia de Ciencias Jurídicas y Políticas de Nicaragua.
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