En 11 municipios del país, los observadores del Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade) que están observando el proceso de cedulación, han sido obligados a alejarse de los Centros Electorales Municipales (CEM). En el Distrito VII de Managua hasta los amenazaron con golpearlos, mientras en Somotillo llevaron a un observador a la Policía para ser interrogado.
Mauricio Zúñiga, director ejecutivo del Ipade, señaló que dichos incidentes han obstaculizado el trabajo del observador que no hace más que ejercer su derecho constitucional de observar un proceso público, que se paga con el dinero de la ciudadanía.
Zúñiga manifestó que en el Distrito VII, el observador Edgar Castillo fue amenazado de ser golpeado por Cristóbal Acosta, un técnico de la Alcaldía de Managua.
Castillo fue sacado con violencia a la calle, donde también fue amenazado por un miembro de la Juventud Sandinista. Castillo no obtuvo el nombre de quien lo amenazó, pero vio que se movilizaba en una moto con la placa M03693.
Castillo puso la denuncia en la estación de Policía de Villa Venezuela, en Managua “porque nadie tiene porqué obstaculizar el libre ejercicio de los derechos ciudadanos en un proceso público, donde se tienen que brindar las facilidades”, dijo Zúñiga.
Otro de los incidentes ocurrió en el municipio de Somotillo, Chinandega, donde la Policía retuvo al observador Juan Carlos Amador, quien fue denunciado por un miembro de los Consejos Electorales Municipales (CEM). Amador fue puesto en libertad después de una hora de interrogatorio.
“Hay otros incidentes menores que han obligado a los observadores a salirse del perímetro de las instalaciones donde están ubicadas los centros electorales municipales, y algunos CEM están orientados a no brindar información”, dijo Zúñiga.
- Mauricio Zúñiga, director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), dijo que van a esperar el 16 de agosto, fecha en que saldrá la reglamentación de la observación electoral, para pedir acreditación.
“Vamos a solicitar la acreditación, porque es importante ante la sociedad poner la pelota en la cancha del CSE. Lo que queda en manos del CSE es responder y darnos la credencial que nos ha negado en las dos últimas elecciones, violando la constitución”, dijo el director del Ipade.
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Zúñiga explicó que los incidentes se han dado en 11 municipios de 56 que hasta ahora han observado, ya que tiene previsto hacer el trabajo de observación en 130 municipios de 15 departamentos del país y las dos regiones autónomas.
Los municipios donde se han dado los incidentes son: Dolores, Nandaime, Nueva Guinea, Chichigalpa, Puerto Morazán, Distrito VII de Managua, San Francisco Libre, Catarina, Somotillo y San Rafael del Sur.
HACE LLAMADO A POLICÍA Y CSE
El director de Ipade hizo un llamado a la Policía Nacional para “que colaboren y aporten al libre ejercicio de los derechos ciudadanos de observar un proceso público y no se presten a la manipulación por parte de la autoridad electoral que intenta reprimir una labor que es un ejercicio libre, de un derecho constitucional”.
También hizo un llamado a las autoridades del CSE para que faciliten la labor de los observadores y no la obstruyan.
Zúñiga explicó que antes de iniciar la observación al proceso de cedulación, coordinaron con los centros municipales en cada uno de los municipios donde algunos están conscientes de que este es un proceso público y han brindado las condiciones, pero otros han hecho todo lo contrario.
Según Zúñiga, en los lugares donde han tenido cabida los incidentes son Centros Electorales Municipales dirigidos por autoridades afines al partido Frente Sandinista, aunque aclaró que otros municipios con autoridades también afines al partido de gobierno, no han actuado de igual manera.
“Puede ser gente que desconoce los derechos y reacciona fuera de la ley tratando de evitar una actividad que es pública”, indicó Zúñiga al referirse a las personas que han obstaculizado el trabajo del observador.
OFICINAS DE CEM A MEDIO GAS
Tomando en cuenta que el 20 de junio según el calendario electoral se nombraron los CEM, el Ipade inició un monitoreo en 130 municipios.
Hasta el 28 de junio el Ipade ha evaluado los CEM de 56 municipios, donde encontró que el 32 por ciento de esos municipios no está cumpliendo con su labor de atención a los ciudadanos en el proceso de cedulación.
Zúñiga manifestó que no se sabe la razón exacta de por qué diez de las 56 oficinas de cedulación aun estando abiertas no brindan los servicios a la ciudadanía, y ocho de ellas ni siquiera han sido abiertas al público.
“Los recursos ya han sido asignados, el personal fue entrenado, porque son gente del CSE, sin embargo, casi el 40 por ciento de las oficinas no está dando respuesta efectiva a la ciudadanía”, advirtió Zúñiga.
Según el trabajo que el Ipade ha realizado, las oficinas que están abiertas pero que no están atendiendo a la ciudadanía lo que hacen es recoger la información en un libro.
Zúñiga agregó que hay información de que las oficinas están abiertas pero no dan atención porque falta material de parte del CSE o tienen déficit con la papelería.
Zúñiga hizo un llamado a las autoridades del CSE —sobre todo a la Dirección General de Cedulación— para que agilice la entrega de la documentación, y a las autoridades que fueron nombradas para que se pongan en función de atender a la ciudadanía en un proceso tan importante.
A partir del nombramiento de los CEM, quedaron habilitadas las oficinas de cedulación a nivel municipal para atender a la población en sus distintos trámites de cedulación. De acuerdo al calendario electoral esta actividad dura 45 días; la fecha máxima para poder solicitarla cédula de identidad es el 8 de agosto.
La semana pasada el magistrado de facto del CSE, Roberto Rivas Reyes, manifestó que ya han sido entregadas 130 mil cédulas en los primero seis meses del año. Sin embargo Zúñiga señala que esa es una cifra oficial que tendría que ser verificada porque muchas veces gran parte del número de cédulas fabricadas no son entregadas en tiempo y forma a la ciudadanía.
“No existe un informe de parte del CSE y que debería estar en la (página) web, de cuántos ciudadanos están cedulados, cuántos no lo están, cuántos se van a lograr cedular, cuántos tienen problemas con registro, cuántos están fallecidos, cuantos están restringidos de su libertad, a cuántos no se les podrá dar la cédula y se les dará documento supletorio. Necesitamos transparencia en la información porque eso contribuye a generar confianza, pero en la medida que la información es manejada como secreto de Estado contribuye a generar desconfianza”, dijo Zúñiga.
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