En septiembre de este año se cumplirá el décimo aniversario de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, la cual manda al organismo hemisférico a actuar en defensa de la democracia en sus países miembros. Pero no solo después de que ocurran graves atentados contra la democracia, como los cuartelazos tradicionales, sino también de manera preventiva, y por lo tanto contra los nuevos golpes de estado que se producen desde los gobiernos, por parte de los mismos gobernantes.
Sin embargo, la OEA está actuando con un doble rasero, no cumple sus obligaciones que dimanan de la Carta Democrática Interamericana, pues al parecer hay dos prejuicios que le impiden asumir efectivamente su rol de promover la democracia en este Continente: el fantasma de la intervención y el temor de provocar división entre sus miembros.
Lo primero significa que la OEA está dominada por los recuerdos de la época cuando Estados Unidos, actuando unilateralmente y conforme a sus intereses, invadía otros países con sus marines. Y lo segundo es el temor a que al pronunciarse contra determinado gobierno que viola los principios y reglas de la democracia, no logre la unanimidad debido a la existencia de un grupito de gobiernos de tendencia autoritaria, liderado por el presidente de Venezuela, que sabotea cualquier iniciativa de crítica a sus aliados.
El compromiso de la OEA por la institucionalidad democrática de sus países miembros es reciente. Durante los cuarenta años que gobernó en Nicaragua la dictadura dinástica de los Somoza, jamás hubo un pronunciamiento de la OEA y solo hasta que se presentó una flagrante violación masiva de los derechos humanos, fue que se reunió en Asamblea Extraordinaria y calificó al régimen de Somoza como indeseable.
No obstante, ahora la OEA se hace la sorda y muda ante la persistente decisión del presidente Daniel Ortega de reelegirse, atropellando la norma constitucional y basándose en manipulaciones para reformar de hecho la Constitución mediante una resolución judicial ilegal y espuria, a fin de continuar gobernando al estilo de Hugo Chávez.
Todas las denuncias que han hecho ante la OEA los representantes de amplios e importantes sectores de la opinión pública nacional, han sido desatendidas o recibidas por algún empleado inferior, como sucedió la semana pasada con una delegación del Movimiento por Nicaragua. Más aún, la recomendación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA acerca de la necesaria observación electoral por organismos idóneos, en Nicaragua ha sido desestimada y postergada hasta última hora, para emitir un reglamento que se avizora será muy limitante.
La situación ambigua y temerosa de la OEA no tiene ninguna justificación en la actualidad, cuando de las dictaduras tradicionales en las Américas solo queda la de Cuba, y las de nuevo tipo como la de Venezuela y Nicaragua son muy pocas todavía. La OEA debería actuar por el respeto a los principios de la Carta Democrática Interamericana, antes de que haya más de esas dictaduras de nuevo cuño. Es tiempo de que solo los Estados identificados con el sistema democrático y cuyos gobiernos respeten de verdad los derechos humanos, sean aceptados y mantenidos como miembros confiables del sistema interamericano.
Es evidente que en Nicaragua está en marcha un gran fraude que inició con la inscripción de la candidatura inconstitucional e ilegal del actual presidente de Nicaragua. Sin embargo, los timoratos gobernantes democráticos que pertenecen a la OEA no cuestionan esa candidatura, con el pretexto de que está respaldada en una resolución judicial, aunque ellos mismos saben que esa sentencia es falsa y espuria.
El otro argumento para justificar que la OEA no se pronuncie sobre Nicaragua es que los actos abusivos del régimen orteguista, no provocan internamente una movilización colectiva como en el Medio Oriente, pues se dice que los ciudadanos están obligados a dar previamente una clara señal de rechazo a los regímenes indeseables.
Esta posición es absurda, porque no considera que una población que acaba de salir de una guerra fratricida, es muy difícil que quiera repetir esa experiencia dolorosa. Además, el objetivo de la OEA, desde su fundación, es precisamente evitar ese escenario trágico y que no sea la violencia la que despierte a los vigilantes del sistema democrático. Pero aunque dejen solo al pueblo nicaragüense que quiere ser libre y gobernarse de acuerdo con las reglas de la democracia, no se puede renunciar a la lucha por la libertad. Y hay que seguir presionando a la OEA para que cumpla su deber de velar por el cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana.
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