SAN SALVADOR/AFP
El enfrentamiento entre los poderes del Estado salvadoreño se reavivó ayer luego de que la corte constitucional impugnara por mayoría cuatro artículos del Código Electoral, y no por unanimidad como le exige una reciente reforma a la Ley Orgánica Judicial.
Diputados oficialistas y opositores denunciaron ayer un “desacato” de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, luego de que dictara un fallo con el voto de cuatro de sus cinco magistrados, pasando por alto una ley dictada el 2 de junio que le obligaba a fallar por unanimidad.
“Esa sentencia no la podemos considerar legal pues adolece de un voto unánime como manda la ley“, dijo el secretario general del partido gobernante, el diputado Medardo González.
Los cuatro magistrados afirmaron en su sentencia, divulgada el jueves, que fallaban por mayoría debido a la “previa inaplicación” de la reforma aprobada el 2 de junio.
La reforma a la Ley Orgánica Judicial, que desencadenó el conflicto entre poderes, fue aprobada con los votos de la derecha opositora en el Congreso y fue sancionada velozmente por el presidente izquierdista Mauricio Funes.
Líderes empresariales la calificaron como un “golpe a la democracia“, lo mismo que políticos izquierdistas, pues afirmaron que se trataba de una maniobra destinada a paralizar al tribunal constitucional, que nunca lograba unanimidad, sino que fallaba regularmente en votaciones 4-1.
Para quedar en firme, la sentencia de la corte debe ser publicada en el Diario Oficial, pero su director, Luis Flores, no pretende publicarla. El fallo “se publicará” sólo en caso de que “cumpla con el requisito que establece la Ley Orgánica Judicial“, declaró Flores.
La actual Sala de lo Constitucional, integrada por cuatro jueces ajenos al mundo político y uno vinculado a la derecha, había cosechado elogios por haber venido fallando ajena a presiones políticas, afectando a veces intereses de la derecha y otras veces de Funes.
Entre los cuatro artículos declarados inconstitucionales está uno que impide que cualquier ciudadano presente recursos o demandas de nulidad de una elección.
El FMLN no avaló la reforma legal y el propio presidente del Congreso, el oficialista Sigfrido Reyes, dijo que los diputados de la exguerrilla izquierdista se negaron a votarla porque se trataba de “un golpe de Estado técnico”.
Tras sancionar velozmente la reforma, Funes cosechó por primera vez halagos de la derecha, que calificaba como un “fracaso” sus dos años de gobierno.
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