El presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), ha reconocido públicamente —después que otros altos funcionarios gubernamentales lo negaron enfáticamente— que es cierto que su gobierno está planeando una reforma radical del seguro social, basada en medidas agresivas contra los asegurados. Entre esas medidas se menciona doblar de 750 a 1500 la cantidad de semanas que se deben cotizar para tener derecho a una pensión por jubilación, subir varios años la edad para jubilarse, aumentar el monto de las cotizaciones según los salarios, incrementar las cuotas de los empleadores y pagar las pensiones por jubilación en base del promedio salarial histórico, no conforme al último salario devengado como es ahora.
Esto significa que para sacar al INSS de una crisis que no provocaron los afiliados, sino los gobiernos, se pretende castigar severamente a los trabajadores, lo cual es absolutamente contrario al principio esencial de la seguridad social cual es el de proteger a quienes dependen únicamente de sus modestos sueldos y salarios.
En efecto, la razón de ser de la seguridad social radica en el criterio de que los trabajadores no tienen capacidad, ni mayor posibilidad, de ahorrar lo necesario para atender los inevitables gastos por enfermedad, ni para subsistir cuando llegue el momento de que no puedan trabajar. Además, el propósito de la seguridad social —que es financiada con las cotizaciones de los trabajadores y el aporte solidario de los patronos y el Estado—, es sustentar la atención médica a los familiares cercanos de los afiliados, así como darles apoyo por maternidad, orfandad y viudez.
La seguridad social fue establecida en Nicaragua en 1957, bajo el gobierno de Luis Somoza Debayle, y hasta el final de la dictadura somocista en 1979 el INSS funcionó de manera satisfactoria para los asegurados de aquella época. Como escribiera el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal en un editorial de LA PRENSA, publicado el jueves 1 de febrero de 1968, el INSS comenzó a tener dificultades solo cuando “fue infiltrado por la política y una argolla de íntimos y familiares hizo su aparición en un Instituto anteriormente mal que bien manejado con cierto desapego a la política y mucho apego a la técnica”.
Sin embargo no fue el somocismo, sino el sandinismo, el que causó la crisis en el sistema de seguridad social de Nicaragua. Con buena o mala intención, el hecho es que la dictadura del FSLN causó un gran desastre en el INSS del que este nunca se pudo recuperar por completo. Por medio del Sistema Nacional Único de Salud (SNUS), creado por el Decreto No. 35 del 8 de agosto de 1979, el INSS fue subordinado al Ministerio de Salud. En aras de un falso y absurdo igualitarismo, muchas personas que no eran cotizantes fueron beneficiadas con pensiones regulares del INSS. Los asegurados perdieron el derecho a recibir atención médica de calidad, a pesar de que les siguieron descontando las cotizaciones para el Seguro Social y fueron obligados a recurrir al siempre ineficiente sistema público de salud. Pero aquel igualitarismo rudimentario y forzado no era para todos, pues los miembros de la nomenclatura sandinista junto con sus familiares y allegados resolvían sus problemas de salud en los países comunistas, o en lujosas clínicas partidistas como la Patricia Lindo que fue instalada en la mansión confiscada al líder conservador Fernando Agüero.
Al final del régimen revolucionario de los años ochenta, los sandinistas entregaron el INSS con las arcas vacías al nuevo gobierno democrático. Después, bajo el gobierno de Arnoldo Alemán, la institución fue objeto de un despiadado saqueo y ahora el reciclado gobierno de Daniel Ortega usa recursos del INSS para financiar negocios particulares de la cúpula gubernamental. Y con el supuesto interés de salvarlo económicamente, propone una reforma que atenta groseramente contra los intereses de los trabajadores.
Este plan oficialista ha sido refutado por expertos independientes en seguridad social, quienes han demostrado que bastaría con recuperar los fondos del INSS que han sido desviados para financiar negocios particulares, y que el Estado y las alcaldías morosas paguen la enorme deuda que tienen con el Seguro Social, para que este pueda salir a flote. Pero esto no lo puede hacer el gobierno de Daniel Ortega. Para salvar al INSS se necesita un nuevo gobierno, democrático, integrado por personas honestas, capaces y con real sentido de responsabilidad y justicia social.
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