Jóvenes universitarios han estado realizando una serie de protestas callejeras para demandar de los diputados la revisión de las penas aplicadas a los adolescentes en el Código de la Niñez. La gota que derramó el vaso es la muerte por asalto de un joven a manos de adolescentes.
Sin omitir que cada vida es valiosa y más aún la de un joven que estaba a punto de finalizar sus estudios para salir adelante, debemos recordar, sin apasionamientos, varios conceptos que se contraponen en la petición que hacen los universitarios.
Primeramente, deberíamos echar un vistazo a las estadísticas de mujeres, adolescentes y niñas que mueren violentamente en nuestro país. Ciertamente, para este sector de mujeres que son atacadas en su mayoría por hombres con los cuales mantenían una relación de excompañeros de vida, esposos, padres o bien desconocidos.
Además, si también contabilizáramos la cantidad de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, nos daríamos cuenta que sus cifras están por encima del promedio regional.
En estos casos, existe un factor común, y es el espeluznante saldo de impunidad que existe para los agresores, pues tanto los femicidas, como los abusadores, violadores y tratantes de personas, simplemente no están en la cárcel.
Los niños, niñas y adolescentes al igual que las mujeres, representan en nuestro país, sectores vulnerables y sujetos a una protección especial. Es aquí donde el Código brinda protección y derechos particulares a este sector con el propósito de alcanzar una convivencia social balanceada ante el resto de la sociedad.
Ahora bien, se supone que los diputados deberían de actuar si y solo si, el Código lesiona los intereses de la mayoría, o se haya comprobado que afecta el bien común. Pero este caso particular, no amerita una enmienda al Código, a pesar de que la vida de la víctima cuenta y no desmerece.
Consideremos que no existen cifras alarmantes donde los adolescentes se vean involucrados en este tipo de delito, contrario a casos de adultos que cometen delitos contra la integridad y la vida. Lamentablemente, la raíz de este penoso caso obedece a otras dinámicas sociales y no a la falta de penas más duras para aquellos adolescentes que cometen delitos. Por gracia, Nicaragua aún no experimenta una incidencia criminal juvenil similar a la de otros vecinos centroamericanos. La lucha contra la violencia juvenil no se combate con un mayor encarcelamiento de adolescentes, sino con programas atención y apoyo a los jóvenes que les permitan tener mayores oportunidades de educación y eventualmente empleo.
Cabe mencionar, que el presupuesto nacional designado al Sistema Penitenciario es insuficiente. Por tanto, la implementación de modelos de rehabilitación y resocialización de internos es una tarea imposible. De manera que si tomáramos en consideración las peticiones de los universitarios, recluir a los adolescentes por mayor tiempo, pudiéramos contribuir a que estos jóvenes se conviertan en individuos más peligrosos para la sociedad debido a que la cárcel no educa, sino que gradúa a un asesino.
La misma historia del Derecho Penal ha demostrado desde sus inicios, leyes como la del Talión (lex talionis), mejor conocida como Ojo por Ojo y Diente por Diente. Sin embargo, a pesar de haber sido un intento por promover el principio de proporcionalidad del delito cometido versus el castigo, la misma no es efectiva. No tanto por aplicar justicia, sino por no lograr una convivencia pacífica en la sociedad. Y es que aquí también hay una paradoja, puesto que cambiar el Código aplicando penas más severas, no evitará más delincuentes. Tal es el caso de los abusadores sexuales, que aunque existan penas severas para este tipo delito, estos no dejan de cometerlo. Por tanto, con esta medida de aumento de pena no podemos pretender que se reduzcan los delitos cometidos por adolescentes.
Finalmente, si hablamos de delito, deberíamos también delimitar que las protestas son válidas en la medida en que tampoco los ciudadanos violenten el derecho de los demás. Y aquí lamentablemente se deslegitima la intención de aquellos que desean expresar libremente sus ideas, ya que en la medida en que los jóvenes usen la voz del mortero en vez de la palabra, y el poder de la fuerza en vez de la inteligencia.
La autora es experta en derechos de la niñez
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