El lunes de esta semana concluyó el período de selección e inscripción de los candidatos a diputados de los partidos que participarán en las elecciones del próximo noviembre. Ahora, de esta historia solo falta el epílogo de las impugnaciones y la inscripción definitiva de las candidaturas, por parte del Consejo Supremo Electoral (CSE) que sigue integrado por magistrados de facto, impuestos por Daniel Ortega mediante decreto administrativo sin estar facultado constitucionalmente para eso.
En las listas de candidatos de todos los partidos se puede encontrar buenos candidatos. Pero en general esas listas fueron pensadas para reproducir el escenario parlamentario de los últimos años, con un probable cambio en la correlación de fuerzas a favor del FSLN debido a su inmensa ventaja económica, más que todo por el fraude técnico que se ha venido haciendo hasta ahora y por la manipulación de los sufragios que se teme ocurra en las votaciones del domingo 6 de noviembre.
Cuando hablamos de las listas de candidatos a diputados, nos referimos a los que están colocados en los primeros lugares, porque son los que tienen posibilidad real de ocupar las curules de la Asamblea Nacional. Los demás son relleno. Y en ese sentido, lo que se puede apreciar de la lista del FSLN —el cual pretende ocupar 47 o más asientos parlamentarios en la próxima legislatura— es que fue diseñada no solo para repetir básicamente la composición de su bancada actual, sino también para tener una mayoría parlamentaria más disciplinada y obediente al caudillo, sin lugar para disidencias y voces discrepantes ni siquiera ocasionalmente. Unos parlamentarios, en fin, los del FSLN, que deben ser del mismo tipo de los que hay en los simulacros de parlamentos de los países totalitarios, como por ejemplo Cuba, Corea del Norte o Siria.
En lo que se refiere a las listas de los partidos de oposición —o mejor dicho de los partidos no sandinistas, porque no es seguro que todos ellos sean realmente opositores—, de lo primero que hay que estar claros es que su competencia no será con la del FSLN, sino entre ellos mismos, particularmente entre la alianza PLI-UNE y el PLC de Arnoldo Alemán. En realidad, la mayor cantidad de diputados que pueda conseguir la alianza PLI-UNE significará menos parlamentarios para el PLC, de manera que se puede anticipar que habrá una campaña política feroz entre esas dos formaciones electorales, para tratar de quitarle una a la otra la mayor cantidad de votos que le sea posible.
En la lista de candidatos del PLC se puede identificar algunos nombres que en términos generales mantendrán una conducta democrática en la Asamblea Nacional. Es que básicamente son los mismos diputados que se resistieron a las presiones para dar sus votos para la reforma constitucional que necesitaba Daniel Ortega, a fin de presentar legítimamente su candidatura a otra reelección. Por eso Ortega tuvo que atropellar el artículo 147 de la Constitución, que prohíbe expresamente su reelección, e irse por el camino ilegítimo de la falsa y espuria sentencia dictada por sus magistrados judiciales. Sin embargo, en términos generales la lista de candidatos a diputados del PLC está diseñada para garantizar las futuras reediciones del pacto con el FSLN, a fin de mantener sus cuotas de poder en el Estado, solo que disminuidas y acordes con la cantidad de diputados que el PLC pueda obtener en las elecciones, o los que el CSE orteguista le quiera asignar o reconocer.
Sobre la lista de la alianza PLI-UNE, aunque no hubo la renovación que pedían algunos sectores democráticos, inclusive el Arzobispo católico de Managua, al menos los diputados que repetirán son personas firmes que no sucumbieron a las presiones, chantajes, sobornos y dádivas del oficialismo para conseguir la reforma constitucional que limpiaría la reelección de Ortega. Sin embargo es criticable que en la lista de la alianza PLI-UNE se incluyera a alcaldes que por respeto a la Constitución debieron haber renunciado a sus cargos. Esta alianza opositora demuestra falta de coherencia democrática, y pierde autoridad moral su denuncia de la ilegítima candidatura de Daniel Ortega a otra reelección —porque viola flagrantemente el artículo 147 de la Constitución—, al inscribir como candidatos a diputados a alcaldes que se mantienen aferrados a los cargos edilicios; y, por lo tanto, violan también de manera flagrante la Constitución, que en su artículo 134 dice expresamente que los alcaldes no pueden ser candidatos a diputados , “a menos que renuncien al cargo doce meses antes de la elección”.
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