“Es ignorancia no saber distinguir entre lo que necesita demostración y lo que no la necesita”. Aristóteles
La Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) establece en el inciso c) del Artículo 23 el aporte estatal para financiar sus programas. Asimismo establece en el inciso b) del Artículo 31 que para el entero al INSS de sus cuotas estatales y como empleador, el Gobierno deberá fijar las asignaciones correspondientes en la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, y el Artículo 22 de su reglamento instituye que el Ministerio de Finanzas enterará mensualmente la suma que le corresponde pagar al Estado en concepto de aporte estatal, para lo cual el instituto le presentará la respectiva liquidación.
Todo lo anterior es papel mojado para el gobierno, el INSS y el Fondo Monetario Internacional (FMI), a quienes no les importa violar y dejar violar las leyes y aun la Constitución Política, que garantiza la seguridad social al no ordenar que el Estado de Nicaragua por medio del Poder Ejecutivo incluya en el Presupuesto General de Gastos las partidas correspondientes para cubrir los aportes estatales y abonar a la deuda acumulada por cincuenta y cinco años.
Al efectuar el FMI la sexta revisión, el organismo financiero aprobó el programa de Servicio de Crédito Ampliado (SCA), dicha aprobación implica la obligación del gobierno de sanear la deuda de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) con las distribuidoras de energía.
No hay base legal para que el FMI obligue o apruebe al gobierno a incluir dentro del presupuesto el pago de una deuda de un ente autónomo del Estado con patrimonio y personalidad jurídica propia a una empresa privada y que no obligue, en cumplimiento de la Constitución y las leyes, a incluir en el presupuesto una deuda que durante años el Estado se ha negado a enterar en las arcas del INSS y que pertenece a los trabajadores afiliados al INSS.
Como contraste el FMI paga a un actuario para que presente un estudio con nueve escenarios para realizar cambios perimétricos en el INSS con el fin de fortalecer su sistema de pensiones. Todas las opciones presentadas perjudican a trabajadores y empleadores al aumentar cotizaciones y edad de retiro entre otras combinaciones.
Ninguna de las opciones incluye el impacto que tendrían sobre el sistema de pensiones si el gobierno inicia los enteros de sus obligaciones corrientes y se establece un plan de pagos por los montos no enterados por el Estado desde la fundación del sistema de seguridad social.
Aquí no cabe aducir que la tiranía somocista o los gobiernos neoliberales son los culpables, simple y sencillamente el aporte no fue enterado por el estado al INSS y nadie puede sustraer lo que no se ha recibido para su capitalización, más bien el despojo de los activos fijos en la década perdida viene a aumentar lo que el gobierno tiene que pagarle a los asegurados, verdaderos dueños del instituto.
La oficina del FMI en Nicaragua en cumplimiento de sus labores de supervisión y asesoría debe dar seguimiento al cumplimiento de la Constitución y las Leyes cuando los gobiernos de turno hacen propuestas para el “mantenimiento de la economía” violando todo lo que sea posible de violar para cumplir sus objetivos de corto plazo, y como nadie entiende esos acuerdos, solo algunos pocos sabios, todo el país los acepta como logros de los gobiernos y así todos se vanaglorian de haber cumplido con sus obligaciones, incluido el FMI, quien debería contribuir al desarrollo de los recursos productivos, procurando mejorar la eficacia de la política económica y la gestión financiera. El FMI debería ayudar al gobierno a incrementar su capacidad humana e institucional y a diseñar e implementar políticas macroeconómicas, financieras y estructurales eficaces.
Estas obligaciones del FMI no se han cumplido, beneficia a una empresa privada para ser pagada por una deuda de un ente autónomo del Estado y no tiene ningún reparo en financiar estudios para perjudicar a más de medio millón de trabajadores afiliados al INSS. Se cumple el viejo y sabio adagio popular: “Al jodido, joderlo más”.
El autor fue auditor general del Banco Central de Nicaragua y consultor de la Superintendencia de Pensiones.
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