Dos de las empresas que aparecen en el informe de la Policía Nacional sobre presuntos actos de corrupción en la Dirección General de Ingresos (DGI) han sido mencionadas por importadores en casos sospechosos ocurridos en la Dirección General de Aduana (DGA) desde 2007, donde aparentemente sus representantes han sido beneficiados por funcionarios aduaneros a la hora de nacionalizar la mercadería.
Las importadoras mencionadas son Roamberth S.A., de Roberto Mercado Méndez e Importaciones Payita, propiedad de Rafaela Antonia López, madre de Félix Hernández quien maneja el negocio.
A estas dos empresas las señalan de integrar aparentemente un grupo privilegiado en la DGA, donde —de acuerdo con importadores que han preferido el anonimato— ocurre una serie de anomalías al ingresar la mercadería, entre las que destaca la subvaloración de la misma.
Mientras a los grupos que no cuentan con ninguna conexión en las estructuras aduaneras sobresale la sobrevaloración de los productos, por tanto su rotación de inventario es menor y la empresa cae en iliquidez.
Mencionan que aparentemente los funcionarios aduaneros participan en la supuesta consolidación de un “monopolio” de las mercancías, apoyándose para ello en las facultades de comprobación que le brindan las leyes aduaneras. Esto lleva a la descapitalización de los afectados al suministrar las garantías bancarias para poder retirar las mercancías y enfrentar el proceso administrativo que se inicia con la solicitud de la “información complementaria” y la retardación hasta por 30 días para el despacho de las mercancías.
En tanto, permite el desmedido crecimiento económico de los grupos considerados privilegiados.
Entre las anomalías que supuestamente ocurren en la DGA está la falsificación de documentos, declaración de mercancías que no son las embarcadas y que en su mayoría no pagan el ISC (Impuesto Selectivo al Consumo), como declarar chinelas por electrodomésticos o declarar solo una cuarta parte del furgón introducido.
Casualmente estos dos nombres de las empresas o de sus propietarios aparecen en un informe de la Policía Nacional sobre la DGI, conocido extraoficialmente y en el que varios de sus miembros aparecen mencionados en supuestos hechos de corrupción en los cobros de saldos acumulados sobre impuesto de valor agregado (IVA).
Félix Hernández López, quien maneja Importaciones Payita y Globals S.A., aparece en un cuadro realizado por la Policía encabezando un listado de personas que tramitaban devoluciones de impuestos en la DGI. Además Improdesa, propiedad de Hernández, junto con Roanbeth S.A., propiedad de Roberto Rivas Méndez, aparecen entre un grupo de empresas cuya documentación presentada para tramitar estas devoluciones del IVA no era sometida a revisión exhaustiva por parte de los auditores, analistas y supervisores de la DGI, por ser considerados “casos especiales” del extitular de la DGI, Walter Porras Amador.
REHÚSAN HABLAR
LA PRENSA buscó insistentemente a los propietarios de ambas importadoras, sin que aceptaran brindar declaraciones.
- Sobre los señalamientos de desigualdad en el tratamiento a los importadores en la Dirección General de Servicios Aduaneros, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Eduardo Fonseca, dijo: Yo no lo podría decir, yo no creo que sea ese el caso.
Aunque sí dijo que han recibido muchos casos de duda de valor tanto en la Cámara como en la Comisión Nacional Arancelaria y en algunos casos ha habido ha lugar al recurrente.
Reconoció que es difícil que al fallar sobre un caso el representante de Aduana en la comisión, que es subordinado del titular de la DGA, vaya a contradecir a su jefe, por lo que estima que la Aduana no debería participar en ese tribunal.
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En el caso de Rivas Méndez fue abordado por LA PRENSA al salir de su oficina en Bello Horizonte, ubicada de Las Taquizas media al sur, y aunque en ese momento prometió brindar declaraciones posteriormente, al llegar la hora fijada para la entrevista sus guardas de seguridad dijeron que este no llegaría a la oficina.
Hernández también fue buscado en la oficina de Globals S.A., frente al nuevo Carnic, así como en su casa frente a la Cárcel de Mujeres. En ambos lados sus empleados aseguraron que éste no se encontraba.
En su casa uno de sus empleados hasta llegó a decir que no lo conocía, pues este no llegaba a la casa y tampoco dejaba la dirección donde habitaba.
En Globals, una de las empleadas confirmó que esa empresa era propiedad de Hernández, pero que él no se encontraba y no era posible suministrar ni número telefónico ni dirección para su ubicación.
Uno de los importadores que habló bajo anonimato mencionó que supuestamente a quienes no están en este grupo privilegiado se les realiza sobrevaloración de la mercancía que es ingresada por parte de los funcionarios aduaneros, lo que ha llevado a algunos de ellos a su descapitalización.
DENUNCIA ANTE DIPUTADOS
El presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, el diputado liberal José Pallais, recordó que hace más de un año recibió una denuncia de un importador que indicaba que la DGA estaba desacatando los recursos de amparo y que las sentencias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no estaban siendo cumplidas y que había toda una persecución contra él y sus empresas.
Recordó Pallais que esta información recibida en ese momento él la compartió también con el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, de la Comisión Económica del parlamento.
Llamó la atención de Pallais la voluminosa documentación que como prueba acompañó el afectado en esa ocasión. “Pudimos apreciar que existía una drástica caída en los ingresos que recauda la DGA” en ese momento, dijo el diputado liberal.
¿EMPRESAS PROTEGIDAS?
El parlamentario recordó que revisando los documentos que le envió el representante de esa empresa apreció que lo que estaba ocurriendo es que habían determinadas empresas “con algún nivel de protección que se podía apreciar, les cobraban sumas irrisorias, les tasaban porcentajes sobre el valor de los productos muy por debajo del resto que no recibían esta protección”.
Pallais confirmó que conoció tablas comparativas de los valores que se estaban aplicando en ese momento a las diferentes empresas y en algunos casos las diferencias eran de tres, cinco y hasta diez veces por un mismo producto.
“Lo más importante que nosotros pudimos notar, lo más asombroso, es que las empresas que más importaban eran las empresas que más beneficios recibían, es decir había todo un trato discriminatorio, discrecional, en un manejo tendiente a favorecer a determinados importadores y a castigar a otros importadores”, aseguró Pallais. Señaló que esto le llamó mucho la atención “ya que notaba un manejo inapropiado y presumiblemente corrupto de las tasaciones de Aduana”.
El diputado afirmó que tiene información que indica que esa situación en la DGA persiste.
“No ha variado, continúa pues esta política de favorecer a unos y discriminar a otros. Muchísimos comerciantes con quien yo he platicado, importadores, me han compartido esa misma preocupación y ese mismo sentir”, afirmó el parlamentario.
En ese momento a través de la Secretaría de la Asamblea Nacional enviaron una carta al Director General de Aduana pidiendo una explicación sobre esa denuncia. La respuesta que recibieron de parte de la DGA “no nos satisfizo”, dijo Pallais, quien expresó que las autoridades de esa institución estatal no respondieron a ninguna de las dudas planteadas y obviaron por tanto la problemática que les expusieron.
“Lo extraño ahora es de que empresas favorecidas también en la DGI en el escándalo de allí, algunas coinciden con las favorecidas con las prácticas de la DGA (…) esas dos coinciden. Estamos hablando que los mismos muñecos saltan en ambas fotografías”, refirió Pallais.
“A mi criterio si estas personas están teniendo un trato privilegiado, que hay una política de discriminación no puede ser por buenas razones, yo tengo que pensar y lo pienso que hay prácticas corruptas en esta diferenciación. ¿Por qué a unos empresarios se le da un trato preferencial?, ventajas, regalías y a la gran mayoría, a la inmensa mayoría, ¿no se le da trato preferencial? Para mí es algo que está pendiente de investigar”, apuntó el parlamentario.
Es por ello que Pallais compartió su preocupación con el diputado Wálmaro Gutiérrez, “ya que yo creía que era de interés también del Gobierno que estaba preocupado en ese entonces por la caída de las recaudaciones aduaneras, era obvio que algo malo estaba pasando en la Dirección General de Aduanas, los números hablaban por sí solos, saltaba a la vista una política de discriminación, de favoritismo, que (estaba) perjudicando enormemente el volumen de ingresos fiscales del país”.
Pallais dijo que parte de esa situación en la DGA motivó incluso que el gobierno de Ortega impulsara una reforma fiscal en ese momento, para que subieran los impuestos cuando pudo haber bastado con cobrar a todos por igual.
LA PRENSA tiene en su poder cartas fechadas desde 2009, de uno de los afectados con el tratamiento diferenciado en la DGA, quien las envió a todas las autoridades del país, incluidos diputados, Contraloría General de la República, Policía Nacional y hasta al mismo presidente Daniel Ortega y la primera dama Rosario Murillo, pero aparentemente nadie investigó.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,4 A
