La mayoría de los nicaragüenses tiene motivos de sobra para detestar al régimen de Daniel Ortega. Por ejemplo, cada vez que el orteguismo realiza una de sus multitudinarias manifestaciones típicamente totalitarias (fascista, comunista o populista), como la del viernes recién pasado para celebrar oficialmente el Día Internacional de los Trabajadores, miles de nicaragüenses son agraviados porque sus negocios no pueden operar y tienen que sufrir graves pérdidas, o porque se les cercena el derecho constitucional y humano a la libre circulación y se les impide movilizarse para hacer sus diligencias, o por el tiempo y el combustible que pierden en los infernales embotellamientos y desvíos de tránsito o porque hasta se le suprime el derecho de ver la televisión por cable.
Otros miles de nicaragüenses que trabajan como empleados públicos en las distintas dependencias del Gobierno y el Estado se indignan también, aunque de manera silenciosa, porque les atropellan sus derechos y los humillan al obligarlos a asistir a las grandes manifestaciones oficialistas y a otras actividades partidistas como los degradantes espectáculos de las rotondas.
Se sabe de la molestia, inconformidad y enojo de los miles de empleados públicos que son obligados a participar en las actividades políticas oficialistas, inclusive en su tiempo libre que ellos quisieran y necesitan dedicar a resolver sus asuntos particulares, personales y familiares, o simplemente a descansar y entretenerse como puedan, porque los agraviados lo comentan con sus amigos, incluyendo a algunos periodistas. Solo que en los medios independientes no se puede mencionar nombres de los quejosos, por la amenaza de despido y otras represalias laborales que pende sobre ellos.
Aparte de los millares de empleados públicos que son victimizados por el Gobierno, entre los cuales hay que incluir a los policías, militares de base, y oficiales intermedios de ambos cuerpos armados que no disfrutan los privilegios con los que Ortega premia a sus altos mandos, hay muchísimos más ciudadanos nicaragüenses que en diversas formas son ofendidos y humillados por el actual régimen, pero por diversas razones no protestan públicamente.
No obstante es comprensible la pasividad y el temor de muchas personas que sufren en silencio las arbitrariedades gubernamentales, que se indignan pero no se atreven a demostrar públicamente su indignación. Es que la gente no puede estar en agitación política y social permanente, haciendo manifestaciones todos los días a pesar de que tengan suficientes motivos para demostrar su coraje.
Lo cierto es que los resentimientos, con los gobernantes abusivos se van acumulando poco a poco, hasta que llega el momento en el cual se produce un choque de conciencia individual y colectiva y la gente estalla en diversas acciones de rebeldía. A veces tiene que pasar mucho tiempo a fin de que se acumule la ira, suficiente para hacer estallar la rebeldía popular. Y cuando llega ese momento “una chispa puede incendiar toda la pradera”, como dice un antiguo proverbio chino que fuera citado por Mao Tse Tung como título de uno de sus artículos sobre estrategia revolucionaria.
Pero aún en los inevitables períodos de inercia ciudadana, la gente disgustada por las arbitrariedades de los gobernantes abusivos puede aprovechar cualquier posibilidad para demostrar su molestia, para vengarse cívicamente de sus verdugos.
El próximo 6 de noviembre se realizarán las elecciones nacionales en las que Daniel Ortega pretende imponer su reelección presidencial a pesar de que está prohibida por la Constitución y por lo tanto su candidatura es ilegal e ilegítima. Esto representa no solo la continuidad del actual régimen, sino también la amenaza de un siguiente período de gobierno de Daniel Ortega en el cual lo más probable es que empeoren las condiciones de vida de la mayoría de los nicaragüenses y se haga más cruda la dictadura que de hecho ya se ha instaurado en el país.
Para imponerse en las elecciones, Daniel Ortega está realizando toda clase de fraudes, como la cedulación discriminatoria y está dispuesto a cambiar los resultados de las votaciones en caso de que el fraude previo no sea suficiente. Pero aún así el voto será secreto y significará una magnífica oportunidad para que todos los humillados y ofendidos por el régimen de Daniel Ortega, se venguen votando contra él y respaldando la opción que consideren más democrática y confiable. A lo mejor una votación masiva contra Ortega pudiera neutralizar o revertir el fraude, o que sea este la chispa que encienda la pradera de la indignación popular. ¿Quién sabe?
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