Después de un periodo relativa mente prolongado en que el crónico síndrome de reelección inmediata en Centroamérica parecía superado —solo Costa Rica la acepta, Nicaragua se adhiere a la figura alterna y limitada y Guatemala, El Salvador y Honduras la prohíben en cualquiera de sus formas— este ha regresado con ambiciosos gobernantes tratando de imponerla ilegal e inmoralmente, provocando un retroceso político de peligrosas consecuencias en la región.
Este nuevo ciclo que de cierta forma se inicia cuando Oscar Arias, en el 2003, convencido de su mesiánico destino logra convencer a la Corte Suprema de Justicia de que la prohibición es inconstitucional y gana por estrecho margen la presidencia en el 2006. Acaba así un prolongado periodo en el cual Costa Rica había mantenido una ejemplar alternabilidad presidencial y se destacaba en la región latinoamericana como el adalid de la democracia.
Luego llega el omnipresente y omnipotente Daniel Ortega y desde que asume la presidencia en el 2006 se obstina en eliminar la prohibición constitucional. Al no lograrlo por la vía de reforma constitucional decide emular la estrategia de Arias y ordena a la sumisa Corte Suprema de Justicia pasar por encima de la Asamblea Nacional y emitir un desvergonzado fallo declarando que la prohibición es inconstitucional. Esta decisión y el reciente nombramiento de un excomandante general del Ejército como compañero de fórmula ha intensificado la polarización ciudadana que, aunque pacífica hasta la fecha, puede acabar en violentos enfrentamientos involucrando peligrosamente a la Policía y al Ejército.
Al mismo tiempo Honduras, todavía padeciendo del injustificado aislamiento internacional por la destitución de Manuel Zelaya, precisamente por querer reelegirse, recientemente sorprende a la comunidad internacional y ratifica con amplia mayoría legislativa el artículo que permite realizar un plebiscito o referendo para modificar los artículos pétreos que prohíben la reelección. Aunque ello no significa el retorno inmediato o automático a la reelección, llama la atención el condicionado apoyo dado por el actual presidente Lobo. Arroja por tierra buena parte de los argumentos utilizados para justificar la remoción de Zelaya y augura el regreso de los “insustituibles líderes máximos”.
Y aun más reciente, Álvaro Colom a punto de terminar su periodo y encontrarse con la misma prohibición decide que Guatemala no podrá resolver sus problemas sin su “imprescindible” liderazgo y para ello el matrimonio Colom se “sacrifica” y resuelven divorciarse. De esa forma la actual Primera Dama supuestamente puede postularse a la presidencia y con un poco de suerte mantenerse en el poder por otro periodo. Aunque a primera vista parece una salida legal, ello no solo viola el espíritu de la ley sino que es inmoral y ofensivo a la inteligencia del pueblo guatemalteco.
Y es que el problema no radica necesariamente en la figura de la reelección inmediata propiamente dicha. El problema es cómo se realiza, quién cuenta los votos y quiénes los supervisan. En un país de régimen presidencialista con un auténtico Estado de Derecho y en donde la cultura política y la sociedad en general hayan alcanzado un nivel de desarrollo razonable, su aplicación en forma inmediata y limitada es justificable y puede ser beneficiosa. Le proporciona al gobernante la oportunidad de continuar un proyecto de gobierno que difícilmente puede ser completado en cuatro o cinco años y al pueblo la opción de decidir si puede continuar. Tiene sin embargo, la debilidad de permitirle al gobernante abusar de ventajas y recursos no disponibles a sus adversarios, los que se evitan con la reelección alterna.
Lamentablemente esa fiebre de reelección —alterna o inmediata— para la cual Centroamérica aun no está preparada, presagia conflictos con trágicos desenlaces de sobra conocidos.
El autor fue Cónsul de Nicaragua en Miami.
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