Gran parte de la salud social de una población depende de la educación de sus élites. Esta, a su vez, depende de la calidad de sus universidades. Si ellas cultivan la inteligencia y el espíritu crítico, generarán líderes capaces de hacer florecer sus naciones. Mas si están sumidas en la mediocridad intelectual y moral (suelen ir juntas), generarán pseudo profesionales estériles y baratos —en todos los sentidos—.
Problemas como la debilidad de nuestras instituciones y la baja productividad nacional tienen en gran parte su origen en la deficiencia crónica de nuestra educación superior. En 1870 el país tenía la universidad de Granada, con 162 estudiantes de Derecho, y la de León con 66 estudiantes repartidos entre Derecho, Teología y Medicina. Pablo Levy, el francés que describió magistralmente la sociedad de entonces, comentaba que “hay demasiados jóvenes que se dedican a las profesiones llamadas liberales, y no se ocupan suficientemente de la industria: un número demasiado grande de medio-médicos, medio-abogados, medio-coroneles, tinterillos, clérigos, etc.”
El paso del tiempo no ha corregido esas tendencias. En la década de los cincuenta se abrieron nuevas carreras y transitaron la academia catedráticos de prestigio. Bajo el liderazgo de Mariano Fiallos Gil la universidad nacional obtuvo la autonomía el 25 de marzo de 1958. Concebida como un medio para evitar la politización y las presiones del poder, la autonomía fue celebrada como el triunfo más grande de nuestra historia universitaria. Pero la masificación de las matrículas descuidó la calidad mientras la autonomía se convirtió en escudo contra la transparencia y la rendición de cuentas.
En la década de los setenta un sector del profesorado y el estudiantado radicalizado protagonizó la rebelión que derrocó a Somoza. Con la revolución la universidad se convirtió en una institución para-gubernamental y empeoró su calidad. Tras la victoria de doña Violeta en 1990, parte de la burocracia estatal se refugió en las universidades públicas. Para absorberla, y en parte por populismo, semanas antes de salir del gobierno Ortega elevó por la Ley 59 el presupuesto universitario del 2 al 6 por ciento y restableció la autonomía. Desde entonces las universidades estatales actuaron como un enclave de partidarios del FSLN. Se dieron algunos intentos de reforma: el impulsado por Alejandro Serrano a inicios de los noventa, que fue resistido y abortado, y el de Ernesto Medina en León, que dio frutos buenos pero precarios.
El sistema siguió creciendo en números. La matrícula estatal rebasa hoy los cien mil estudiantes y una explosión de universidades privadas —casi 50 desde 1990— establecidas sin parámetros claros de acreditación, añadió otro tanto. Pero salvo excepciones, la calidad ha seguido en el suelo. Las universidades no miden la calidad de sus productos, pero factores como la pobre opinión que tiene el sector privado de los egresados locales, los anécdotas de graduados que no saben redactar, y la abundancia de profesionales desempleados, o trabajando en ocupaciones menos remuneradas, como cajeras, choferes o pulperos, sugieren lo mal que están las cosas.
El ascenso al poder de Ortega confirmó como el ethos del partido FSLN, su cultura política violenta y no dialogal, ha permeado profundamente la conducta universitaria. Algunas de sus manifestaciones han sido los encontronazos violentos y vandálicos entre distintas facciones estudiantiles y las agresiones contra expositores contrarios a Ortega. De ser la conciencia crítica del país, lo cual exige independencia, las universidades muestran hoy día una pasividad extraordinaria ante los atropellos de la legalidad. El colmo es que algunos de sus líderes son cómplices del mismo: el rector de la UNAN León es ahora jefe de campaña de Daniel Ortega. ¿Qué diría de todo esto don Mariano Fiallos?
La universidad se politiza y degrada mientras falla en su misión de suplirle al país cuadros profesionales competentes y éticos. Nicaragua gastará este año 106.7 millones de dólares en las universidades del CNU. El sistema tiene actualmente cien mil alumnos pero solo egresan siete mil, lo cual indica una gran tasa de deserción y un costo por graduado muy alto. ¿Acaso es justo —parafraseando a Oppenheimer— que los contribuyentes nicaragüenses paguen tantos millones a las universidades del CNU para que produzcan un número tan reducido de graduados y para colmo muchos de ellos en carreras que no tienen salida laboral?
Es urgente remozar nuestro sistema universitario; convertirlo en un verdadero dinamo del desarrollo y en oportunidad para que nuestros jóvenes dejen de ser medio profesionales y se conviertan en profesionales de verdad. Urge devolverles a las universidades su dignidad e independencia y exigirle que muestren la eficacia de su gestión. Nicaragua no podrá salir adelante con una mala educación superior. Próximamente debatiremos, Dios mediante, formas prácticas de mejorarla.
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