El organismo cívico Ética y Transparencia presentó el miércoles de esta semana su informe preliminar sobre el proceso electoral que está en desarrollo en Nicaragua, el cual, como se sabe, culminará el 6 de noviembre próximo.
El aspecto principal del informe de Ética y Transparencia es el señalamiento de que el proceso electoral enfrenta cuatro grandes problemas que, de no ser corregidos, ponen en riesgo su credibilidad. El primero es la situación crítica del Consejo Supremo Electoral (CSE), debido a que está integrado por magistrados de facto. Éstos no han sido elegidos por la Asamblea Nacional, como manda la Constitución, sino que fueron nombrados mediante decreto por Daniel Ortega, lo cual es inconstitucional. En este mismo punto Ética y Transparencia menciona la cuestionada gestión del CSE por los fraudes en las elecciones municipales de 2008 y regionales del 2010, así como el manejo irregular de sus recursos financieros, como ha sido denunciado públicamente.
El segundo problema es la manipulación del proceso de cedulación, específicamente la discriminación a ciudadanos que pertenecen a los partidos opositores o simpatizan con ellos, mientras que se privilegia a los militantes y simpatizantes del partido de Gobierno, otorgándoles cédulas inclusive a quienes no tienen la edad necesaria para ser cedulados.
El tercero es la candidatura inconstitucional e ilegítima de Daniel Ortega a una nueva reelección presidencial, que es prohibida expresamente por el artículo 147 de la Constitución, según el cual no puede haber reelección presidencial en períodos consecutivos ni por más de dos veces. De manera que esta prohibición afecta directamente a Daniel Ortega, quien es presidente actualmente y además cumple su segundo y último mandato presidencial.
Y el cuarto de los problemas o valladares del proceso electoral, indicados por Ética y Transparencia es el empecinamiento de Ortega y su CSE en no permitir que haya observación electoral nacional e internacional independiente, oportuna y confiable en las elecciones del próximo 6 de noviembre.
El presidente de Ética y Transparencia, don Pablo Ayón, en la presentación de su informe preliminar dijo: “Es imperativo de parte del Estado nicaragüense, las correspondientes autoridades y actores políticos dar respuesta efectiva a estas peligrosas amenazas a la debida brevedad, para evitar la creciente posibilidad de que este proceso electoral no pueda obtener la calificación de legitimidad necesaria para abonar a la paz y democracia del país, así como para garantizar la aceptación nacional e internacional de las autoridades a ser electas en noviembre”.
Por su parte, el director ejecutivo del mismo organismo cívico, señor Roberto Courtney, advirtió que depende de los partidos con representación en la Asamblea Nacional evitar una crisis del proceso de elecciones, porque a ellos compete renovar a las autoridades electorales. Y abogó Courtney por que el espíritu de “generosidad y la decisión de anteponer la sustancia sobre el procedimiento” que aplicó el Consejo Supremo Electoral al permitir la inscripción del FSLN después de vencido el plazo establecido por ese mismo organismo “sea aplicado a otras alianzas y partidos en otras etapas del proceso”.
Pero a nuestro juicio, si el Frente Sandinista inscribió su alianza electoral después que se había vencido el plazo de inscripción, no fue porque tuviera alguna dificultad técnica ni de ninguna otra clase en la preparación de los documentos correspondientes, sino porque Ortega quería demostrar de esa manera su arrogancia política, su menosprecio a las leyes y reglamentos institucionales, y su desprecio a los funcionarios del Consejo Supremo Electoral como lo hace con los de cualquier otra institución estatal, a los cuales trata no como funcionarios públicos que merecen respeto, sino como sus vasallos.
En realidad los mencionados cuatro grandes problemas que amenazan la credibilidad y legitimidad del proceso electoral han sido creados de manera deliberada por Daniel Ortega, para impedir que haya una elección verdaderamente libre y justa y porque está plenamente consciente de que en forma limpia y legal, no podría seguir en el poder después de enero de 2011. Pero por supuesto que eso no significa que las fuerzas democráticas no deban luchar por la solución de los problemas que ha señalado el organismo cívico Ética y Transparencia en su informe preliminar. Los gobernantes autoritarios y arbitrarios como Daniel Ortega nunca hacen algo bueno por su propia iniciativa y voluntad. Siempre hay que obligarlos, lo cual sólo se logra presionando y luchando sin cesar.
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