MÉXICO/EFE y AFP
El Senado de México aprobó ayer en lo general la nueva Ley de Migración para proteger y garantizar los derechos humanos de los inmigrantes en su territorio, pero quedaron pendientes para su discusión 50 artículos, ante el reclamo de legisladores que señalan que la norma contiene apartados “racistas”.
- Ser secuestrados por los mismos conciudadanos y que en los raptos participen autoridades mexicanas son parte de los horrores que viven los inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, víctimas de rapto, según un informe difundido ayer por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México.
Este último señala que vio en una de las casas de seguridad del crimen organizado cuando secuestradores torturaban a las víctimas que no pagaban y llamaban a sus familiares para que oyeran su sufrimiento.
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La votación coincidió con la presentación ayer de un informe del Ombudsman mexicano, sobre el secuestro de 11,333 inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, de los cuales el 44.3 por ciento fueron hondureños.
Con 84 votos a favor y 15 en contra se aprobó esta ley, que establece la necesidad de crear un marco jurídico que frene los secuestros, actos de extorsión, discriminación, explotación, abuso físico y sexual de los inmigrantes durante su paso por México.
Esta legislación prevé que a todo inmigrante, que sea víctima o testigo de un delito, se le autorizará la estancia en el país hasta que concluya el proceso y contará con permiso para trabajar en ese lapso. También contempla para esos inmigrantes la posibilidad de acceso a los servicios de salud, justicia, servicios financieros y regularizar su situación migratoria.
Pero la ley busca otorgar mayores facultades a la Policía Federal para realizar “revisiones migratorias” y “asegurar” (detener) a los extranjeros que no puedan comprobar su situación migratoria. “Es una ley represiva y racista, no podemos dar ese trato (…) mientras demandamos respeto a los derechos de nuestros connacionales en Estados Unidos (…)”, dijo Adolfo Toledo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Con esta ley también se busca sancionar con hasta mil días de salario mínimo (5,000 dólares) a quienes den empleo a los extranjeros indocumentados, y castigar con entre 100 y 500 días de salario mínimo (500 y 2,500 dólares) “al mexicano que contraiga matrimonio con un extranjero para que éste pueda radicar en el país”.
La violación de los derechos de los indocumentados en México se ha incrementado, particularmente en los últimos dos años, en los que se elevaron también los ataques en su contra, particularmente provenientes del crimen organizado.
Cerca de 300,000 indocumentados centroamericanos atraviesan México todos los años con destino a EE.UU., aunque al menos la tercera parte son aprehendidos.
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