“Si yo fuera diputado” es el título de la película que popularizó Cantinflas hace muchos años. Y es también el suspiro de quienes ven la diputación como un premio codiciado que aunque no alcanza los ingresos de los mejores profesionales o empresarios, tiene retribuciones y exigencias que le dan ventajas frente a muchos trabajos. Sobre todo en países cuyo ingreso por habitante ronda los 1,100 dólares anuales.
El salario de los diputados es 41,882 dólares anuales (3,221 mensuales más decimotercer mes). A lo que hay que añadir 500 dólares mensuales en bonos de combustible y dos libres introducciones para su período. Aparte reciben 18,181 dólares anuales (C$$400,000) para proyectos sociales, usados a su discreción pero sujetos a rendición de cuentas —cosa que de acuerdo a denuncias periodísticas no siempre ocurre—. La diputación conlleva también el privilegio de la inmunidad y el de la flexible utilización del tiempo: además de los días libres y los períodos de receso —tres semanas al final del año y un mes en su mitad— los diputados tienen mayor facilidad para ausentarse, llegar tarde o salir temprano, que cualquier otro trabajo.
Las sesiones de la Asamblea suelen comenzar pasadas las diez de la mañana. El ambiente en la sala es normalmente relajado y alegre. Mientras el diputado de turno ocupa el micrófono, muchos en la audiencia conversan, leen periódicos, o se entretienen con sus computadoras y celulares. Aunque deben ser leales al cacique político que los nombró, los diputados no sufren las angustias de un vendedor —cuyos ingresos dependen de sus ventas— o de un gerente, que arriesga su puesto si no es eficiente. No tienen patrón que los supervise y a diferencia de un ministro, alcalde, o empresario, tampoco tienen la responsabilidad de manejar una institución, lidiar con sus empleados y atender sus innumerables desafíos administrativos.
Estas circunstancias hacen de la diputación una presa muy codiciable. Sobre todo para aquéllos que encuentran difícil prosperar en el sector privado —ya sea porque carecen de las necesarias habilidades, o porque prefieren trabajos más cómodos—. Ellos saben que las diputaciones no se ganan a fuerza de captar el respaldo de un sector de la población, sino a fuerza de obtener el endoso del jefe del partido. Lo que a su vez se gana mostrándole lealtad total. De aquí que ni en las filas del FSLN, ni del PLC se encuentren aspirantes a diputados que no le rindan pleitesía a Ortega y Alemán, respectivamente.
La forma actual de elegir diputados promueve la ascensión de los mediocres sobre los competentes. Porque estos últimos pueden prosperar fuera del Estado, lo que les da una independencia de que carecen aquéllos que sólo pueden surgir con la palanca de padrinos enquistados en el gobierno. Es difícil encontrar entre los legisladores a profesionales u hombres de empresa que se hayan destacado en el sector privado, las excepciones, que las hay y son honrosas, confirman la regla. De hacerse un análisis del historial de ingresos de los diputados se encontraría que la mayoría recibe una paga por encima de su valor de mercado, lo que también implica que temen mucho perder la diputación y que son capaces de grandes malabares a fin de retener el favor sus gamonales.
El sistema es perfecto para prolongar y fortalecer el poder de los caudillos. Otorgar premios aumenta su capacidad de multiplicar seguidores y asegurar lealtades, en proporción directa a la cantidad y calidad de los premios que puedan ofertar. Las diputaciones son uno de ellos, tanto las de nacionales como las “parlacénicas” (diputaciones del Parlamento Centroamericano) que exigen poco y pagan bien. También lo son las alcaldías, puestos de concejal, delegados, consulados, embajadas y cargos burocráticos de todo nivel. Tras la miel que los caudillos derivan del presupuesto, se arremolina un enjambre de activistas y oportunistas, listos a otorgar su adhesión a quien mejor aumente sus posibilidades de chuparla.
Esto no significa que todos los diputados y servidores públicos sean parasitarios. Hay quienes realizan sus labores con competencia, cumplen sus horarios y buscan legislar o servir el bien común. El problema es que éstos son minoría. Para que no lo fuesen habría que democratizar los partidos, reducir el número de diputados, elegirlos uninominalmente, y pagarles, junto con todos los servidores públicos, montos relacionados a su historial de ingresos, como lo hacen AID, el Banco Mundial y otras instituciones. Pagar cuatro mil dólares, a quien en la calle no puede obtener más de mil, es fomentar el servilismo, fortalecer los caudillos, y entronizar la mediocracia.
El autor es sociólogo y fue ministro de Educación 1990-1998.
Ver en la versión impresa las páginas: 9 A
