El partido FSLN pospuso su congreso nacional que había anunciado para el sábado 12 de febrero corriente, el cual debía proclamar la candidatura de Daniel Ortega a una nueva reelección presidencial, a pesar de que está prohibida expresamente por el artículo 147 de la Constitución Política de Nicaragua.
Según la información oficial, el Frente Sandinista dispuso postergar el congreso que estaba programado para el sábado anterior, y celebrar en su lugar unos “congresillos” de seguidores en distintos lugares del país , a fin de “legitimar” previamente, mediante la aclamación de “las masas”, la ilegal e ilegítima candidatura de Daniel Ortega a la reelección presidencial.
Pero esa farsa de “participación popular” no puede legitimar nada, mucho menos una nueva candidatura de Ortega a la reelección presidencial que sería absolutamente ilegítima y estaría viciada de nulidad, porque violaría flagrantemente la Constitución y chocaría con uno de los principios fundamentales sobre los cuales se asienta la institucionalidad política de la nación, cual es la no reelección presidencial en períodos consecutivos ni de alguien que ya ejerció la Presidencia de Nicaragua dos veces.
En efecto, el artículo 147 de la Constitución dispone expresa y categóricamente que: “No podrá ser candidato a Presidente ni Vicepresidente de la República: a) El que ejerciere o hubiera ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el que la hubiere ejercido por dos períodos presidenciales”. Y tal es el caso de Daniel Ortega, quien ejerce actualmente la Presidencia de Nicaragua y ya la había ejercido antes, de 1985 a 1990.
Legitimidad es la calidad de legítimo, lo que es “legal o conforme a ley. Ajustado a derecho. Según justicia o razón. Cierto, verdadero, auténtico, genuino”. Así lo establece el “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, del académico internacional Guillermo Cabanellas, el cual explica también que el acto de “legitimar” significa: “Probar, justificar conforme a ley o derecho. Habilitar para puesto o tarea a quien carecía de atribuciones o calidades”.
Una tercera candidatura de Ortega a la reelección sólo sería legítima mediante previa reforma constitucional que únicamente la Asamblea Nacional puede aprobar. Nadie más, ni siquiera la Corte Suprema de Justicia, puede reformar la Constitución para legitimar otra candidatura de Ortega. Mucho menos una Sala que fue constituida de manera irregular, al margen del procedimiento establecido para que las decisiones judiciales sean válidas y de obligatorio cumplimiento, como es el caso de la falsa sentencia que 6 magistrados orteguistas aprobaron el 20 octubre de 2009 para declarar que el artículo 147 no vale para Daniel Ortega.
En el artículo 182 de la Constitución se establece que “es la carta fundamental de la República, las demás leyes estarán subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones”. Y el artículo 183 dispone que: “Ningún poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República”.
De modo que, repetimos, lo único que podría legitimar la candidatura de Ortega a una nueva reelección presidencial, sería una reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional con el voto de por lo menos 56 de sus 92 diputados. Y además, tendría que ser aprobada en dos años consecutivos, lo cual, aunque Ortega y el FSLN tuvieran los votos indispensables ya es prácticamente imposible hacerlo antes de las elecciones del 6 de noviembre próximo.
Es absurdo y ridículo, pues, pretender que la ilegal e ilegítima candidatura a la reelección de Daniel Ortega sea legitimada por asambleas de miembros y simpatizantes del FSLN, un ente que ni siquiera es ya un verdadero partido político sino un movimiento amorfo y vocinglero de militantes fanáticos, lo cual, según la clásica concepción de Benito Mussolini es la esencia del fascismo.
El actual gobierno de Daniel Ortega ha sido justamente cuestionado por su falta de legitimidad política y moral, pues sólo representa a una minoría de 38 por ciento del electorado y fue el resultado de un malicioso pacto con Arnoldo Alemán y el PLC. Y mucho menos que la mayoría del pueblo nicaragüense tenga la obligación de reconocer como legítimo, legal y moralmente, otro período presidencial de Ortega que sea impuesto mediante el fraude legal y electoral, contraviniendo la prohibición expresa establecida en la Constitución Política de Nicaragua.
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