La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, anunció ayer que interpuso una demanda contra el Gobierno de EE.UU. por el “fracaso” en la implementación de las leyes de inmigración.
A juicio de la mandataria republicana, Washington no está cumpliendo con su trabajo de garantizar la seguridad de la frontera de Arizona. “Nuestro mensaje al Gobierno federal es simple, utilizar los recursos federales para combatir los cárteles que están violando la ley federal y no atacar Arizona, la cual está tratando de aplicar la ley federal”, enfatizó, en rueda de prensa.
El fiscal general del estado, Tom Horne, quien acompañó a Brewer durante el anuncio, explicó que lo que se busca “es que el Gobierno federal haga su trabajo”.
El fiscal detalló que la demanda interpuesta está basada en cinco puntos. El primero es que el Gobierno federal ha fallado en obtener un “control operacional” de la frontera, segundo por fracasar en aplicar múltiples leyes migratorias, tercero por no proteger Arizona de los daños económicos y la violencia asociada con la inmigración ilegal, tal y como lo ordena la Constitución.
Cuarto, la negligencia por parte del Gobierno federal por no pagar al estado de Arizona más de 760 millones de dólares en gastos por encarcelamientos de reos “sin papeles” y por último, obstaculizar el derecho constitucional de Arizona a proteger la salud y bienestar de sus ciudadanos.
Arizona responde a una demanda interpuesta por el Departamento de Justicia tras la aprobación de la ley estatal SB1070, la primera en criminalizar a inmigrantes indocumentados en el país, bajo el argumento de que la inmigración es materia federal.
A raíz de esta querella, un juez federal en Arizona suspendió antes de su entrada en vigor algunas de las cláusulas más polémicas de la medida, como la facultad de la policía local de detener y cuestionar a una persona por ser sospechosa de ser indocumentada.
Arizona junto con otros estados tratan de llevar ante la Corte Suprema de EE.UU. el debate sobre la interpretación de la enmienda 14 de la Constitución, que otorga la ciudadanía automática a toda persona nacida dentro del territorio nacional, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
Se calcula que en Arizona hay cerca de 460,000 inmigrantes indocumentados, la mayor parte de ellos hispanos. En todo EE.UU. se considera que residen doce millones de indocumentados.
