En nuestra edición de ayer, martes 25 de enero, publicamos una información de primera plana, bajo el título “Campaña invade colegios”, acerca del abuso que el régimen orteguista está cometiendo contra el sistema de educación pública (alumnos, maestros, escuelas e institutos, medios materiales y recursos presupuestarios), a fin de promover la reelección de Daniel Ortega. Campaña reeleccionista que, además, es inconstitucional, porque la Constitución Política de la República dispone en su artículo 147 que no puede ser candidato presidencial alguien que está ejerciendo la Presidencia de la República en el período en el cual se va a realizar la elección, ni aquél que ya la ha ejercido dos veces. Y éste, precisamente, es el caso de Daniel Ortega.
La información a la que hacemos referencia se enfoca en uno de los principales institutos de secundaria en Managua, el Maestro Gabriel, pero los abusos que allí se cometen, y muchos otros más, están ocurriendo en todos los centros escolares públicos del país. Ocurren inclusive en los CDI, o Centros de Desarrollo Infantil, donde a los niños de entre 3 y 6 años se les deforma sus mentes enseñándoles a cantar el himno del FSLN y obligándoles a repetir cualquier clase de consignas políticas del orteguismo.
En la mencionada información de LA PRENSA que fue elaborada por las periodistas Tania Sirias, Jennifer Castillo y Mabel Calero Gaitán, se señala que: “Los afiches donde aparece el presidente Daniel Ortega promoviendo su inconstitucional candidatura para participar en las próximas elecciones dan la bienvenida a los padres de familia y estudiantes ” Y agrega que: “en los pasillos también se observan banderas rojinegras, así como murales con imágenes de héroes y mártires sandinistas. La utilización de los centros públicos como casas de campaña del Frente Sandinista es palpable, expresó el dirigente sindical (independiente) José Siero”. Y esto, añadimos nosotros, a pesar de que aún no ha comenzado la campaña electoral, de que es delito adelantarse a ella y de que también es delictivo utilizar los recursos del Estado para hacer campaña política de quien quiera que sea. Además, como lo dijimos antes pero hay que repetirlo una y otra vez, legal y legítimamente Daniel Ortega no puede volver a reelegirse porque se lo prohíbe expresamente la Constitución en su artículo 147, el cual solo puede ser reformado por la Asamblea Nacional, no por ninguna resolución judicial y mucho menos espuria de la Corte Suprema de Justicia.
Pero el orteguismo no sólo usa los centros de educación pública de manera arbitraria, para la campaña por la inconstitucional reelección de Daniel Ortega, sino que también obliga a estudiantes y maestros a participar en sus manifestaciones politiqueras. Al respecto el antes mencionado dirigente magisterial independiente, José Siero, dijo a LA PRENSA que: “los maestros estamos acorralados. A los docentes que atendemos como alrededor de 200 a 300 alumnos de cuarto y quinto año, solo nos dicen que mandaron tres buses y que los estudiantes deben ir a las actividades del partido. Ya los hemos visto en las rotondas, en marchas del Gobierno y no nos asusta que este año los metan de lleno en las elecciones”.
Este atropello no es nuevo en Nicaragua, como también lo recordó el dirigente magisterial independiente. Lo mismo se hacía durante la dictadura de los comandantes sandinistas de los años ochenta, y antes, bajo la prolongada dictadura somocista. Sin embargo, el abuso con los recursos e infraestructuras del Estado, la manipulación política de la educación pública y la movilización de los empleados estatales a las campañas políticas oficialistas, bajo el régimen orteguista es mucho más grosera y descarada que como lo fue durante la dictadura somocista. Es que el orteguismo ha venido a ser una especie de somocismo resucitado, agravado y empeorado, pues el régimen de los Somoza era una típica dictadura tropical, mientras que el gobierno de la familia Ortega tiene vocación totalitaria, como el castrismo en Cuba, el chavismo en Venezuela y el evoísmo en Bolivia.
Los propagandistas del orteguismo hablan de los supuestos aspectos “positivos” de este régimen, como las latas de zinc que reparte el Cardenal y las “casas del pueblo” que les han vendido a algunas personas escogidas políticamente entre las decenas de miles de familias que no tienen vivienda. Pero esas dádivas no pueden ocultar la esencia perversa del orteguismo ni su nefasto propósito de someter a la población a un régimen de servidumbre material, política y moral.
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