El diputado Wilfredo Navarro admitió ayer que muchos de sus colegas, cuando no son reelectos, no justifican el dinero que recibieron en concepto de “fondo social”, cuya suma anual asciende a 440 mil córdobas por cada legislador.
Por su parte, el contralor de facto, Guillermo Argüello Poessy, dio a conocer que el Consejo Superior de la Contraloría General de la República solicitará al próximo presidente del parlamento un informe de los gastos del fondo social, para analizarlo y definir si se practica una auditoría especial a los diputados.
Un informe oficial de la Asamblea Nacional, emitido el pasado 31 de octubre, revela que entre los años 2003 y 2006 los diputados no justificaron 39.4 millones de córdobas que recibieron en concepto de “fondo social”.
Navarro, quien ha sido primer secretario del parlamento, dijo ayer que desconocía que el monto injustificado fuese tan elevado, pero añadió que el grueso de ese dinero se gastó en el año electoral 2006, cuando varios legisladores sabían que no iban a ser reelectos.
“Por los años que tengo de estar en la Asamblea, eso se da en el último año, cuando viene el cambio de diputados, ya no les interesa rendir cuentas (…) porque generalmente los diputados que no son reelectos el año en que se van no rinden cuentas y no hay forma de obligarlos, salvo en la Contraloría General de la República”, admitió Navarro.
En efecto, en el año 2006 los diputados dejaron sin justificación 5.5 millones de córdobas, muy por encima de los 4.8 millones de 2005 y de los 3.3 millones de 2004. En 2003 el monto no justificado alcanzó los 1.8 millones de córdobas.
Este año también es de elecciones presidenciales y varios diputados no serán reelectos, por lo que la teoría de Navarro podría repetirse en este 2011.
En tanto, el contralor de facto, Argüello Poessy, adelantó que con el dinero utilizado en los años 2003 y 2004 ya no se podría hacer nada, porque los casos ya prescribieron.
Argüello Poessy dijo que en la reunión de ayer los cuatro contralores de facto que participaron votaron a favor de solicitar al parlamento un informe.
La Contraloría General de la República (CGR) sólo ha efectuado una auditoría especial al monto utilizado (1.7 millones de córdobas) por el ex diputado sandinista y ahora alcalde de Jinotega, Leónidas Centeno.
La auditoría especial, señaló Argüello Poessy, se vio frenada cuando el Poder Judicial amparó a Centeno.
Ver en la versión impresa las páginas: 2 A
