La Asamblea Nacional de Venezuela que todavía está dominada absolutamente por Hugo Chávez, ha aprobado —con el trámite de urgencia que tanto gusta a los dictadores—, un conjunto de leyes que significan el tiro de gracia a la democracia en ese país, según dicen los diputados opositores venezolanos que fueron electos en septiembre pasado pero que asumirán sus funciones hasta en enero del próximo año.
Ante todo se trata de una ley que faculta a Chávez a legislar por decreto durante el siguiente año, en los ámbitos de finanzas, infraestructura, vivienda, seguridad y defensa nacional, ordenación territorial y uso de la tierra, así como en lo relativo al sistema socioeconómico, tomando como pretexto las inundaciones que sufrió Venezuela recientemente. Además, los diputados chavistas han aprobado dos leyes draconianas contra la libertad de expresión e información, una para controlar y censurar la comunicación por Internet y la otra para reforzar la censura de la radio y la televisión.
Los diputados de oposición que fueron electos en septiembre pasado y aún no han asumido sus funciones, se declararon el miércoles de esta semana en sesión permanente de emergencia, ante la sede de la OEA en Caracas, para denunciar ante el organismo hemisférico que ese paquete de leyes chavistas significa de hecho un golpe de Estado legal y un tiro de gracia a la democracia venezolana. Pero eso no parece importarle a la OEA, que tampoco ha escuchado a los demócratas de Nicaragua, que han denunciado el golpe de Estado “legal” que ha propinado Daniel Ortega. Es que la OEA, en vez de velar por la democracia en los países que son sus miembros, más bien se afana en agradar a los caudillos populistas del Alba o trata de no molestarlos.
La verdad es que el pueblo democrático venezolano tiene que salvarse a sí mismo, con sus propias fuerzas y recursos, apoyado en la solidaridad moral de los auténticos demócratas de otros países pero sin esperar ayuda de organismos burocráticos como la OEA ni en general de la llamada comunidad democrática internacional. Y lo mismo se puede decir en el caso de la ciudadanía democrática de Nicaragua.
Lo que ocurre en Venezuela es muy importante para Nicaragua, porque como hemos dicho desde que Daniel Ortega recuperó el poder presidencial gracias al pacto con Arnoldo Alemán y a partir de entonces comenzó a demoler la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, el presente de Venezuela es el futuro de Nicaragua. O sea que para saber lo que va a ocurrir mañana en Nicaragua hay que ver lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, sometida a Hugo Chávez.
Muchos demócratas nicaragüenses ponen en duda que Daniel Ortega sea revolucionario y que realmente quiera establecer aquí el socialismo del siglo XXI que Chávez está imponiendo en Venezuela. Creen que el verdadero propósito de Ortega es instaurar una dictadura igual o parecida al régimen somocista del siglo pasado. Consideran que después de haberse convertido en una persona muy rica al amparo del poder, lo menos que puede querer Ortega es una sociedad socialista autoritaria y miserable en Nicaragua, como la de Cuba, por mucho que se llene la boca hablando a favor de los pobres y que se proclame solidario, socialista y cristiano.
Sin embargo, todos los nicaragüenses que queremos vivir en libertad y gobernarnos en democracia tenemos la obligación de desconfiar de Daniel Ortega. Si él ya quiso imponer un sistema socialista totalitario en los años ochenta, ¿por qué no va a intentarlo de nuevo ahora, cambiando de táctica pero apuntando al mismo objetivo? Al menos ideológicamente el discurso de Ortega es igual que el de Hugo Chávez. Ortega unió Nicaragua al carro del Alba chavista y, además, lo que está haciendo en el poder es básicamente lo mismo que hizo Hugo Chávez durante su primer período presidencial, después que ganó la elección de diciembre de 1998.
La diferencia entre los actos de poder de Hugo Chávez en Venezuela y de Daniel Ortega en Nicaragua, es de forma y de ritmo. Pero los dos son enemigos de la democracia que llaman burguesa, de la libertad de expresión y de prensa, del Estado de Derecho e inclusive de la economía de libre mercado, aunque los empresarios nicaragüenses independientes todavía no lo perciban o no lo quieran creer. Pero ya tendrán tiempo de comprobarlo, cuando quizás sea demasiado tarde para ellos mismos.
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