CORRESPONSAL /COSTA RICA
El Ministerio Público de Costa Rica decidiría la próxima semana si acusa penalmente al ex presidente Oscar Arias y a varios funcionarios públicos responsables de emitir un decreto que declaró de interés público la minería Las Crucitas, el cual le permitió a la empresa desarrolladora talar decenas de hectáreas de bosque en un sitio protegido.
El fiscal general Jorge Chavarría explicó que el Ministerio Público esperaba el texto de la sentencia completa, que fue leída esta semana, donde el Tribunal Contencioso Administrativo propuso la investigación penal contra Arias, el ex ministro de ambiente Roberto Dobles y seis ex funcionarios más.
“Realmente yo no les puse plazo (al equipo de fiscales), pero estábamos esperando que el Tribunal se pronunciara para hacer una reunión para la semana entrante. Ya ellos han avanzado un poco más, ya conocen y han estudiado la sentencia también, entonces ya (nos reuniremos la otra semana) para determinar las líneas de acción que se seguirían”, declaró Chavarría.
Desde que se emitió el decreto, hace más de dos años, cuando Arias era presidente y Dobles era ministro, la Fiscalía abrió una investigación por el supuesto delito de prevaricato, la cual estaba literalmente engavetada hasta que el Tribunal dictó sentencia en noviembre pasado y amplió sus argumentos esta semana.
El delito de prevaricato se comete cuando un funcionario público dicta resoluciones contrarias a la ley o las sustente en hechos falsos. Chavarría ha manifestado que se definirá si sobre esta misma investigación se amplía en la propuesta del Tribunal o se abre otra causa.
El Tribunal ordenó eliminar la concesión minera a la empresa Industrias Infinito, desarrolladora de Las Crucitas, revirtió un decreto que declaró de interés nacional el proyecto y condenó a la empresa y al Estado al pago de los daños ambientales provocados por la tala de árboles en la zona, ubicada en la frontera con el río San Juan, de Nicaragua.
También propuso a la Fiscalía para que valore si investiga penalmente al ex presidente Oscar Arias, al ex ministro Roberto Dobles y a seis ex funcionarios más que ordenaron un decreto ejecutivo que avaló la minería hace dos años.
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