CORRESPONSAL/ COSTA RICA
El ex presidente costarricense Óscar Arias, a quien la fiscalía de su país investiga por el supuesto delito de prevaricato, dice que “el que nada debe nada teme”, pero manifestó su interés en que el fallo judicial contra la minería Las Crucitas sea revisado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
Arias se refirió, a través de un escrito publicado en su cuenta de Facebook, a la sentencia dictada esta semana por el Tribunal Contencioso Administrativo, que ordenó eliminar la concesión minera a Industrias Infinito, desarrolladora de Las Crucitas, revirtió un decreto que declaró de interés nacional el proyecto y condenó a la empresa y al Estado de Costa Rica al pago de los daños ambientales provocados por la tala de árboles en la zona, fronteriza con el río San Juan, de Nicaragua.
El tribunal también remitirá un expediente a la fiscalía para que valore si investiga penalmente a Arias, al ex ministro Roberto Dobles y a seis ex funcionarios más que ordenaron el decreto ejecutivo.
La fiscalía ampliará la denuncia contra Arias y Dobles iniciada hace dos años por el deleito de prevaricato, el cual se comete cuando un funcionario público dicta resoluciones contrarias a la ley o las sustente en hechos falsos.
“A lo largo de mi vida pública siempre he respetado las decisiones de las diferentes instancias judiciales en nuestro país. Como lo he manifestado reiteradamente, en una democracia donde existe un Poder Judicial independiente, las sentencias se acatan y se respetan, y no se cuestionan”, escribió Arias.
El ex mandatario —quien ha sido muy crítico del dragado del río San Juan— recordó un fallo de la Sala Cuarta Constitucional que avaló la minería Las Crucitas, y según él, había declarado la “legalidad del decreto de conveniencia nacional que emitimos durante mi Gobierno”.
En declaraciones brindadas a un canal local, el gerente de Industrias Infinito, Juan Carlos Obando, amenazó a los costarricenses a que vayan ahorrando para indemnizar a la empresa si el proyecto no se continúa. La indemnización que calculó sería cercana a los 1,500 millones de dólares.
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