Tres consensos nacionales

En Nicaragua se han formado tácitamente —y hasta cierto punto de manera expresa—, tres grandes consensos nacionales alrededor o como consecuencia del conflicto fronterizo que otra vez está planteado con Costa Rica.

El primero de esos tres consensos es el que se ha formado, como ocurre siempre en estos casos, alrededor de la defensa de la soberanía territorial de Nicaragua sobre el río San Juan, y del derecho del país a dragarlo donde sea necesario para recuperar su curso natural e histórico y aprovecharlo en pro del desarrollo nacional.

El segundo consenso es la convicción de que el concepto de la soberanía nacional no se limita al derecho territorial. También incluye, o se refiere más exactamente, a la soberanía popular, es decir, a la libertad y los derechos soberanos del pueblo, fundamentalmente el derecho de elegir libremente, sin trampas legales ni fraudes electorales, a sus gobernantes y representantes.

Así lo determina la Constitución Política de Nicaragua en su artículo 2, al consagrar que: “La soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos democráticos, decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político y social de la nación. El poder político lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse este poder o representación. También podrá ejercerlo de manera directa por medio del referéndum y del plebiscito y otros procedimientos que establezcan la presente Constitución y las leyes”.

Y el tercer gran consenso nacional que hay actualmente en Nicaragua, es el de que Ortega ha sido soberanamente incapaz de manejar correctamente el conflicto con Costa Rica; que lo ha manejado de manera impolítica, errática y no diplomática; y que por eso mismo ha cedido ventaja a la parte costarricense y está arriesgando el interés del país en los foros y organismos internacionales.

Ciertamente, salvo los partidarios más incondicionales de Ortega todos los nicaragüenses están convencidos de que la estrategia y la “diplomacia” del Gobierno orteguista en el manejo de este conflicto, ha sido más bien dañino para Nicaragua. Sólo así se puede considerar la negativa a aceptar la resolución de la OEA, la cual era más beneficiosa para Nicaragua que para Costa Rica; la ausencia de la representación del país en el siguiente debate de la OEA, en el que se discutió el problema y se remitió a una conferencia de cancilleres, sin que la parte costarricense tuviera contrincante que la refutara; el insólito ataque a países amigos, cuyos gobiernos fueron acusados por Daniel Ortega de servir a los intereses del narcotráfico; la pasividad de la diplomacia nicaragüense mientras Costa Rica lleva el conflicto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al mismo tiempo que a la Corte Internacional de Justicia de La Haya; y la insensatez de poner al frente del dragado del río San Juan a un aventurero militar, y comenzar la obra por el sitio menos aconsejable. Tan errática ha sido la estrategia del Gobierno de Nicaragua que ni siquiera los países miembros del Alba lo han apoyado en la OEA, salvo el de Venezuela; y en Centroamérica no ha conseguido el respaldo ni del Gobierno de El Salvador, a pesar de que este representa a una organización política hermana del partido de Daniel Ortega.

Ante esta situación es oportuno recordar lo que escribiera Pablo Antonio Cuadra (PAC) en un Escrito a Máquina (o sea un editorial cultural de LA PRENSA) titulado “Desde la Independencia Costa Rica siempre ha insistido. Nicaragua siempre ha cedido”, el cual fue publicado el 15 de diciembre de 1973. “Los costarricenses saben dos cosas (escribió PAC): 1º. Que exigiendo sin derecho han conseguido derechos. 2º. Que los nicaragüenses hemos sido, a través de la historia, flojos y descuidados, y que siempre hay ocasión, si se tiene paciencia, de meterle zancadilla al descuidado e inestable”.

Esa penosa historia se sigue repitiendo con gobernantes como Daniel Ortega. Pero ahora es peor todavía, pues el mal manejo del conflicto no es tanto porque el Gobierno sea flojo y descuidado, sino porque se manipula el conflicto para imponer el proyecto político personal de mantenerse en el poder como sea y para siempre. Por ese proyecto Ortega atropella la soberanía nacional que radica en el pueblo de Nicaragua, y sacrifica o pone en riesgo la soberanía territorial del país, como está ocurriendo con el equívoco manejo del conflicto con Costa Rica alrededor del río San Juan.

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