TOMADO DE LA NACIÓN
El procurador costarricense del Ambiente, Mauricio Castro, defendió todos los permisos y procedimientos que se siguieron para autorizar la explotación de oro a cielo abierto en Las Crucitas, San Carlos.
Según el abogado del Estado, el decreto de conveniencia nacional que permitió la tala de almendros (una especie vedada) en Las Crucitas está bien fundamentado, según lo que exige la Ley Forestal.
Sobre este tema, Castro se respaldó en la sentencia de Sala IV – del 16 de abril del 2010 que tampoco encontró vicios de nulidad en el decreto 34.801-Minae (Ministerio del Ambiente y Energía).
El procurador necesitó dos horas y media para exponer los argumentos por los cuales, considera él, el Tribunal Contencioso Administrativo debe declarar sin lugar los reclamos contra el Estado y la empresa Industrias Infinito, por supuestas irregularidades en los permisos otorgados para la explotación minera.
La demanda fue interpuesta por la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Apreflofas). Esta última critica el daño a especies vedadas (el almendro amarillo) y la destrucción del hábitat de la lapa verde (Ara ambigua).
Castro, en cambio, sostuvo que el almendro no es la única especie de la cual se alimenta la lapa verde. Asimismo, que la tala de 196 árboles (de 700 en la zona) “no va a representar una pérdida significativa”.
El procurador también argumentó que el almendro solo produce frutos dos o tres meses por año, por lo que no puede catalogarse como única fuente de alimento de la lapa verde.
Por último, insistió en que Industrias Infinito (que desarrollaría el proyecto minero en una zona fronteriza con el río San Juan de Nicaragua) no necesitaba un segundo estudio de impacto ambiental cuando decidió hacer modificaciones al proyecto.
A juicio del abogado, esos cambios “redujeron el área de explotación” y por lo tanto, no requerían de un nuevo estudio avalado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
Las conclusiones de este juicio finalizarán el próximo lunes.
Entre tanto en su exposición esta semana, Edgardo Araya, abogado de la organización Frente Norte por la Vida, declaró que debe anularse la viabilidad ambiental, pues considera que el respaldo de la Setena carece de fundamento.
Según Araya, representante de una las organizaciones que planteó la demanda, el Gobierno anterior (de ahora ex presidente Óscar Arias) hizo la declaratoria solo para otorgar la concesión.
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