Mi Punto de Vista
Mientras se desvanece el tema que le ha dado respiro político al presidente Daniel Ortega, como es la controversia con Costa Rica, su gobierno sale con otra torpeza al anunciar ayer la Procuraduría General de la República (PGR) que quitarán propiedades a 30 colegios a nivel nacional para seguir con su proyecto populista y electorero de construir Casas para el Pueblo.
Esto es cruel porque una vez más Ortega demuestra su doble discurso y la macabra intención electorera con las necesidades del pueblo. El sector Educación sufre una doble estocada del orteguismo, pues en la Asamblea Nacional los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se han llenado la boca reiterando que se aprobará el presupuesto del próximo año con las reducciones millonarias al Ministerio de Educación (en términos reales y no nominales), y ahora la PGR, el abogado del Estado, anuncia que cercenará propiedades a los colegios.
Sin embargo, la PGR, para ponerle “sello de oro” a su torpeza, ahora dice que dichas Casas para el Pueblo serán para los maestros. Eso no fue lo que dijo en sus primeras declaraciones el Procurador General de la República, Hernán Estrada, pero ahora que ve publicado el problema, quiere acomodar las cosas diciendo lo anterior.
“Puede estar ahí un centro de educación, pero además se puede hacer un centro de salud, también a la par se puede dar para un parque de beisbol, un campo de futbol, es decir, hoy tenemos que ver eso integralmente, tenemos que darle la posibilidad no solamente de legalizarlo (el centro educativo), sino también de que el Estado pueda cubrir otras demandas”, dijo inicialmente el lunes Estrada y jamás se refirió a que las casas serían para maestros.
No había razón para ocultar ese beneficio a los maestros, mismo que se puede ejecutar, pero no en predios de los colegios, los cuales requieren inversión en infraestructura.
Estrada siguió diciendo el lunes: “Algunos de esos centros de educación tienen extensiones que fueron asignadas en su momento, y sobre todo en los años ochenta, en los primeros años de la Revolución donde se les dio extensiones importantes o relevantes de tierra para poder hacer un centro educativo, eso no fue legalizado, entonces lo que estamos haciendo ahora es regularizarlo, darle un área correspondiente, apropiada al centro de educación, al instituto, a la escuela, para que el Estado pueda también hacer uso de otras áreas remanentes, eso es lo que estamos haciendo”. En sus amplias declaraciones nunca dijo que las casas serían para los educadores.
Los sindicatos independientes de maestros no saben de esas Casas para el Pueblo, mientras que el “sindicato blanco”, la orteguista Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (Anden), aprueba que le quiten terrenos a los colegios y tampoco tiene conocimiento de que dichas viviendas de las que habla Estrada sean para los profesores.
La población nicaragüense debe exigir a este gobierno oportunista que invierta en infraestructura y calidad de la educación para cumplir con las metas educativas planteadas por el Ministerio de Educación (Mined).
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A