Por María José Uriarte y Lucydalia BaCA
La plana mayor del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) volvió a calificar como “decisiones personales” las que tomaron ayer Dámicis Sirias y Lino Hernández, quienes retomaron sus cargos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Contraloría General de la República (CGR), respectivamente, sumándose a los funcionarios de facto que avalan el decreto 3-2010 y el “gacetazo” que revivió un párrafo de la Constitución de 1987.
Leonel Teller, vocero del PLC, manifestó que una vez que cualquier persona es electa para un cargo público, renuncia a su militancia, tal como lo establecen la Constitución y las leyes.
- Desde que el presidente Daniel Ortega emitió el decreto 03-2010, ex magistrados y ex funcionarios, en compañía de autoridades del PLC, rechazaban ampararse en el mismo.
El argumento de Benavides para regresar al Poder Electoral fue que la calle está dura.
Después de él, se han reintegrado Adolfo Jarquín, como subprocurador de Derechos Humanos; Lino Hernández en el ente fiscalizador y ahora el ex magistrado Dámicis Sirias.
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ALEMÁN SE REÚNE MUY SEGUIDO CON ELLOS
Sin embargo, los magistrados, tanto electorales como judiciales, y contralores liberales han acostumbrado reunirse con el ex presidente Arnoldo Alemán para analizar la coyuntura de Nicaragua.
Teller argumentó que los únicos brazos políticos de un partido son la bancada ante la Asamblea Nacional y el Concejo Municipal.
“En los Poderes del Estado no existen bancadas, existen ideologías. Es una decisión personal, aquí está la máxima autoridad ejecutiva del PLC y aquí ese tipo de situaciones no se debaten, no se autorizan ni nada, son decisiones de los ciudadanos”, expresó Teller.
CULPA DE ALN
Las autoridades del PLC deslindaron toda responsabilidad sobre las decisiones de sus ex militantes y señalaron que los únicos culpables son aquellos diputados que optaron por adherirse a los lineamientos de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional y no aprobaron la derogación del decretazo.
“(Hubo) cobardía ante el dictador, de los diputados que vendieron su conciencia, empezando por los de ALN (Alianza Liberal Nicaragüense), que no quisieron votar junto con el resto de los diputados del PLC y otras bancadas para revertir todos los atropellos a la Constitución del dictador Ortega”, alegó Teller.
Agregó que “los responsabilizamos directamente a esos diputados vendepatria, que se vendieron ante los petrodólares y entraron a la ‘cosa nostra’ del Frente Sandinista para darle la espalda a Nicaragua. Ellos son los responsables del descalabro institucional, porque no dieron su voto para revertir el decretazo”.
INTERROGANTES DEBEN DIRIMIRLAS ELLOS
El vocero del PLC indicó que cualquier interrogante sobre la decisión de los ex funcionarios, de acogerse a un decreto que señalaron en diversas ocasiones como ilegal y el que afirmaban no reconocer, debe ser aclarada por los mismos, y añadió que la Constitución establece como uno de los requisitos para ser electo que el propuesto debe ser mayor de edad, por lo tanto, cada quien es “responsable de sus actos”, ya que no son “magistrados hijos de dominio”.
PLC DEBE EXPLICACIONES
Por su parte, el diputado Eduardo Montealegre, de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), consideró que el inesperado retorno de los funcionarios de tendencia liberal a sus antiguos cargos será muy “mal visto por la población”, y comentó que en todo caso el PLC debe ofrecer una explicación de lo ocurrido.
ESTRATEGIA DEL PLC
Montealegre no descartó que este repentino cambio de opinión del magistrado de facto Sirias obedezca —como muchos señalaron cuando decidieron retirarse— a una estrategia del PLC, que pactó con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde 1999.
“Nuestra posición ha sido que los magistrados cuyos períodos se les venció solamente pueden regresar a la Corte una vez que la Asamblea Nacional los vuelva a reelegir, en el caso de que sean reelectos; o si no, los nuevos”, señaló Montealegre.
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