Adolfo Jarquín Ortel, a quien se le venció su período para el que fue nombrado por la Asamblea Nacional, como subprocurador de Derechos Humanos, en diciembre pasado, volvió ayer a su antigua oficina en la sede de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PPDDH), para retomar el cargo, amparado en el decreto presidencial que prorrogó inconstitucionalmente a los funcionarios en sus cargos.
Su regreso lo justificó con la situación enfrentada con Costa Rica por el río San Juan y la convocatoria a elecciones de parte del Consejo Supremo Electoral (CSE). Al tiempo que aclaró que ésta fue una decisión personal que él adoptó, aunque luego señaló que el lunes el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) los dejó decidir.
El 22 de octubre del presente año, Jarquín dijo a LA PRENSA que se sometía a la decisión del PLC, en el que milita, pues “eso es lo que hemos estado haciendo y todavía no ha variado esa decisión”.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, lamentó la decisión de Jarquín y consideró que éste pasa a integrar la lista de funcionarios “impostores que amparados en el inconstitucional decreto número tres, del presidente Daniel Ortega, están actuando al margen de la Constitución y de las leyes, convirtiéndose prácticamente en actores de delito tipificado en el Código Penal”.
Señaló que con esto se demuestra el “reciclaje permanente al que está sometido el pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán”.
“Me da pesar por Jarquín Ortel que aparentemente estaba tratando de guardar distancia de toda la corrupción que se ha desarrollado en esa Procuraduría de Derechos Humanos”, dijo Núñez.
El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, criticó que con tales acciones, funcionarios como Jarquín pierden credibilidad, en tanto que mandan la señal de que el pacto está funcionando y están aceptando “el decretazo”.
Carmona coincide con Roberto Petray, de la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH), en cuanto a que como defensor de derechos humanos, Jarquín debería ser respetuoso de la Constitución y más bien la está violentando. “Dan lástima porque los que hablan de derechos humanos deben ser respetuosos de la ley y no ser flagrantes violadores de la ley”, dijo Petray.
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