¿Se encamina el Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, a convertir a su país en la primera economía de mercado de un solo impuesto, abierta y competitiva tal y como lo prometió? ¿O sólo se trata de otro caudillo en busca de aumentar el tamaño del Estado y su propio poder?
Estas preguntas se debaten acaloradamente por estos días en la Ciudad de Panamá y las respuestas son importantes no sólo para los panameños. Como un autoproclamado creyente en los mercados en una región donde dominan los políticos de la izquierda, Martinelli levanta el estandarte del antichavismo. Cuando era candidato prometió transformar a su país en un imán para la inversión y un lugar con oportunidades para su gente. Si no logra cumplir esa promesa podría dañar la causa que defiende mucho más allá de sus propias fronteras.
Cuando el magnate de los supermercados, educado en Estados Unidos, asumió el poder en julio de 2009, los defensores del libre mercado no cabían de alegría y la izquierda gruñía. Ahora la derecha aprieta los dientes. Martinelli me contó su versión de la historia cuando estuvo en Nueva York el mes pasado para la Asamblea General de Naciones Unidas.
El Presidente comenzó nuestra conversación jactándose de la variedad de nuevos acuerdos de libre comercio que su gobierno firmó o está en el proceso de negociar. Panamá también redujo todos los impuestos a las importaciones (“con la excepción de seis o siete productos negociados en la Organización Mundial del Comercio”) a 10 por ciento. Luego, indicó, durante la asamblea general el presidente Obama le hizo una promesa sobre el acuerdo de libre comercio entre EE.UU. y Panamá: “Lo primero que hice cuando le daba la mano fue decir: ‘Presidente Obama, cuando EE.UU. esté listo, Panamá está lista’. Y él me respondió: ‘Tendremos que hacerlo después de las elecciones’. Luego nos sacamos una foto y dijo: ‘Puede quedarse tranquilo de que vamos a hacerlo luego de las elecciones’”.
Martinelli también estaba ansioso por hablar sobre sus planes para hacer más eficiente y abaratar los costos del proceso de titularizar tierras. “Queremos que (los campesinos) sean dueños de su propiedad”, indicó.
En cuanto a los impuestos, sostuvo que se han realizado avances importantes hacia su meta de una tasa única. Ya comenzó al aumentar el impuesto al valor agregado (IVA) de 5 por ciento a 7 por ciento y “a reducir los impuestos corporativos de 30 por ciento a 25 por ciento y los impuestos a la renta para individuos de 27.5 por ciento a 15 por ciento”.
Agrega que ha mantenido un déficit fiscal de 1.5 por ciento, en parte debido a que ha estado cerrando resquicios corporativos. Como consecuencia, si el IVA se aumenta a 8 por ciento, la tasa corporativa puede subir al 20 por ciento. La meta es llegar a una tasa del 10 por ciento en todo el espectro, algo que sostiene podría ocurrir para 2014.
¿Entonces qué tiene de malo Martinelli? Empecemos con la decisión de aumentar el salario mínimo en un 30 por ciento en sectores clave, una medida realmente extraña en un país donde el 40 por ciento de la economía es informal. Cuando el Gobierno eleva el precio del trabajo exacerba el problema de la informalidad. También crea una carga sobre la inversión extranjera. Ninguna de las dos cosas puede ser buena para el 30 por ciento de los panameños que viven en la pobreza y el 14.4 por ciento que lo hace en extrema pobreza, según estadísticas del Banco Mundial de 2008.
Peor es su justificación de la medida. “¿No cree que (las tiendas que venden mercadería a altos precios) podrían pagar un poquito más para que esa persona pueda comprar un auto o una casa? Eso estimularía el crecimiento”, razona. Cuando le señalo que es su opinión que los sueldos eran demasiado bajos, responde: “Esas son patrañas. Lo lamento”.
El intercambio revela lo que parece molestarle más a los liberales del mercado sobre Martinelli: tiene un estilo autocrático y una tendencia pronunciada hacia la grandeza estatista. Otros ejemplos abundan. El Gobierno construirá un rascacielos en la capital para albergar oficinas públicas y crear, en sus palabras, “un ícono para la ciudad”. También se planea una “ciudad gubernamental”, donde líneas de metro y autobús transportarán una multitud de empleados estatales.
Martinelli afirma que los proyectos le ahorrarán el costo de alquilar y niega que se trate de una expansión del Estado. Pero casi 5,000 empleados se han sumado a la nómina del Gobierno durante su primer año de gestión y los salarios aumentaron 7.9 por ciento en los siete primeros meses de este año, según la Oficina Nacional de Contabilidad.
De seguir así, ¿quién puede dejar de imaginarse que la promesa de un impuesto plano del 10 por ciento se evaporará pronto frente a un ruidoso pedido de alzas tributarias para financiar el gasto gubernamental? Para ese momento habrá reproches por no haber eliminado el impuesto a la renta antes de aumentar el IVA.
Martinelli comprende las necesidades de las empresas. Pero también está acostumbrado a ser el hombre a cargo, y las dificultades de permitir que el Gobierno crezca parecen eludirlo.
Esto es preocupante. No sería el primer planificador bienintencionado que es doblegado por su engreimiento fatal.
Ver en la versión impresa las páginas: 9 A
