Las dos organizaciones empresariales más importantes de Nicaragua, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara Nicaragüense Americana de Comercio (Amcham), han estado atentas al proceso de formación de la nueva ley de contrataciones públicas, la cual está en trámite en la Asamblea Nacional y supuestamente será aprobada el próximo mes de noviembre.
El interés de las organizaciones del sector privado es que la nueva ley garantice la transparencia en las compras, adquisiciones y contrataciones del sector público, la cual es indispensable para promover la confianza empresarial y social, así como para incentivar el desarrollo económico y humano en el país.
Se ha criticado que el verdadero objetivo de la nueva ley de contrataciones del Estado, no es mejorar la transparencia en las contrataciones públicas sino cumplir un requisito formal para que el gobierno de Daniel Ortega pueda obtener recursos económicos de los organismos financieros internacionales. Y se menciona específicamente que de la aprobación de esta nueva ley de contrataciones del sector público, depende el desembolso inmediato de 42.5 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para apoyo presupuestario al gobierno de Daniel Ortega.
Al respecto el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, explicó en declaraciones al Diario LA PRENSA que, al avalar la aprobación de esta ley los empresarios que él representa no están “sacrificando transparencia a cambio de recursos, al contrario dijo, estamos asegurando que los entre 300 y 500 millones de dólares que año con año se tienen que comprar de parte del Estado a las empresas privadas sea en un proceso que asegure transparencia, competencia e igualdad”.
Sin embargo, Amcham, por medio de un comunicado público pidió a los diputados “profundizar en la propuesta de ley, a fin de evitar que por la urgencia con que algunos demandan una nueva ley de contrataciones del Estado se cometan errores que vengan a dañar la promoción de la transparencia en la administración de los fondos públicos”. En este sentido, el asesor de Amcham, Rodolfo Pérez, dijo a LA PRENSA que uno de los puntos medulares de la nueva ley de contrataciones públicas es que “si bien elimina la figura de las contrataciones directas, se permiten las ‘contrataciones simplificadas’, sin establecer un límite a los fondos que podrían aplicar”. Y agregó que “la atención es porque cuando se hace una compra se establece de manera clara cuál es el máximo del porcentaje del presupuesto que puede utilizarse. En otros países no puede utilizarse más del 20 por ciento”.
La observación de Amcham es válida, sin duda, considerando la reconocida aversión de Daniel Ortega a la transparencia y su afición a gastar los recursos públicos sin control de ninguna clase, por medio de las adquisiciones directas que ahora se llamarán “contrataciones simplificadas”. Para comprobarlo basta recordar que durante los tres primeros años de gobierno de Daniel Ortega se hicieron contrataciones directas —o sea al margen de los procesos de licitación que garantizan un mínimo de transparencia en el manejo de los fondos públicos— por un valor de 407 millones 435 mil 971 dólares con 56 céntimos, según un reportaje de investigación basado en informaciones y datos oficiales que publicó LA PRENSA en su edición del sábado 28 de agosto del corriente año.
Al amparo de esas cuantiosas contrataciones directas han nacido algunas nuevas fortunas y se han realizado innumerables negocios de beneficio particular, no sólo de funcionarios públicos, sino también de empresas proveedoras del Estado. Y sin duda que se seguirán haciendo en el futuro, mediante el mecanismo las “contrataciones simplificadas” que serán lo mismo o peor que las contrataciones directas.
En su Informe Global de la Corrupción 2005, Transparencia Internacional (TI) advirtió y demostró que la falta de transparencia en las contrataciones públicas tiene un efecto devastador para los países en desarrollo. Y propuso, esa organización mundial de lucha contra la corrupción, la adopción de 13 “estándares mínimos para las contrataciones públicas”, cuya puesta en práctica por lo menos disminuiría los niveles de corrupción y ayudaría a transparentar el gasto gubernamental de los fondos estatales.
Por cierto que uno de los estándares mínimos que propone Transparencia Internacional es “promover la participación de organizaciones de la sociedad civil como supervisores independientes tanto de la licitación como de la ejecución de los proyectos”. Excelente propuesta, pero demandarle algo como eso a Daniel Ortega y sus contralores sería como darle un sombrerazo a una lora.
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