En el editorial de LA PRENSA del lunes 30 de agosto del presente año, titulado Oferta de reforma constitucional para Ortega, hicimos la observación de que ya no era “Daniel Ortega el interesado en una reforma constitucional para modificar el artículo 147 de la Constitución, que le impide presentar su candidatura a otra reelección presidencial, sino que es la oposición la que se interesa en ella y se la ofrece a Ortega a cambio de algunas concesiones democráticas”.
En realidad, es obvio que Daniel Ortega ya se siente seguro de que va a poder presentar su candidatura a otra reelección presidencial, sin necesidad de una previa reforma constitucional que se la permita. A Ortega, que no es hombre de derecho, le basta con la espuria Sentencia 504 de la Sala Constitucional, del 19 de octubre de 2009, mediante la cual los magistrados que pertenecen al FSLN reformaron de hecho la Constitución al determinar que la prohibición de la reelección presidencial, contenida en el artículo 147 de la Carta Magna, no vale para Daniel Ortega.
Ahora un sector de la oposición, específicamente el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), está proponiendo públicamente a Daniel Ortega y el FSLN un arreglo para escoger “en combo” —o sea en una sola votación—, los 25 cargos que deben de ser elegidos por la Asamblea Nacional, entre ellos los magistrados judiciales y electorales. Esto significa la aceptación incondicional de los candidatos propuestos por Ortega, entre ellos Roberto Rivas —quien por el escandaloso fraude en las elecciones municipales de 2008 era rechazado por todos los grupos opositores—, a cambio supuestamente de que tres de los siete miembros del CSE sean de la oposición, y el séptimo una persona independiente seleccionada de mutuo acuerdo.
Se dice que ésta es una propuesta “realista y pragmática” de la oposición. Pero en realidad es indecorosa, porque tiene la deliberada intención de violar la Constitución Política de la República, la cual ordena en su artículo 138 que esos funcionarios deben de ser elegidos “de listas separadas propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes”. Y se agrega en ese mismo artículo constitucional, que: “Se elegirá a cada magistrado con el voto favorable de por lo menos el sesenta por ciento de los diputados de la Asamblea Nacional”.
Este procedimiento para que los magistrados y otros altos cargos estatales sean elegidos uno por uno en la Asamblea Nacional, se estableció en la Constitución mediante la reforma parcial de 1995, precisamente para garantizar la independencia y el equilibrio democrático entre los poderes del Estado, para evitar los arreglos en la sombra y a espaldas de la ciudadanía entre miembros de las cúpulas partidistas y los caudillos.
De manera que es un contrasentido que la oposición, después que ha acusado sistemáticamente a Daniel Ortega por las flagrantes y groseras violaciones a la Constitución que ha cometido, venga ahora a proponerle por “pragmatismo político” que se asocien para cometer juntos otra violación constitucional.
Daniel Ortega tiene derecho, igual que los diputados de la Asamblea Nacional, de proponer a quien quiera para ocupar los cargos de magistrados electorales y judiciales. Pero sus propuestas se deben discutir en el plenario de la Asamblea Nacional y los diputados están obligados a elegir los cargos uno por uno, mediante votación calificada. Y si los candidatos propuestos por Ortega no logran el número suficiente de votos, él tiene que proponer otros y en todo caso negociar con los diputados para conseguir su elección, caso por caso, tal como lo manda la Constitución en su artículo 138.
La oposición no tendría ninguna autoridad política, mucho menos moral, para seguir acusando y cuestionando a Daniel Ortega por sus violaciones a la Constitución, si ella misma le propone que la violen conjuntamente. Para defender la Constitución hay que respetarla, del mismo modo que la democracia sólo se defiende y fortalece practicándola, no atropellándola como lo hace Daniel Ortega y quieren hacerlo junto con él algunos de sus “pragmáticos” opositores.
Pero entonces, ¿qué proponen ustedes? nos pueden preguntar los “realistas” opositores que plantean esa propuesta de violar la Constitución. Pues que no le ayuden a Daniel Ortega a cometer sus tropelías, que de todas maneras las seguirá cometiendo. ¿Por qué la oposición va a colaborar con Ortega para que logre sus objetivos e imponga sus condiciones a cualquier precio?
La democracia hay que defenderla dentro y fuera de la Asamblea Nacional, así como en las elecciones con una montaña de votos democráticos y luego defendiéndolos en la calle, cuando el orteguismo se los robe o se los quiera robar. Lo otro sería contubernio.
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