Representantes de una 100 familias, que se identifican como sandinistas y que viven en Valle Gothel, Nindirí, departamento de Masaya, denunciaron que están siendo amenazados por militantes de su mismo partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), para que desalojen los terrenos donde habitan.
En esta comarca residen unas 1,300 personas, quienes poblaron más de 20 manzanas de tierras desde hace 25 años aproximadamente y, hasta la fecha, no disponen de sus títulos de propiedad, según indicaron los denunciantes al visitar LA PRENSA ayer.
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Ariel Villa, quien se identificó como asesor de los pobladores, manifestó que el secretario político del FSLN en Nindirí, Juan Alberto Acuña, cuenta con la venia del Procurador Regional de Masaya, Julio González, quien presuntamente ordenó el desalojo para las próximas 48 horas, alegando la existencia de una dueña guatemalteca que reclama las tierras.
“El procurador González nos gritó que era la autoridad máxima y no necesita ninguna orden de juez para ordenar el desalojo. No entregó ningún documento pero mandó a desalojar en las próximas 48 horas. Después llegaron dos patrullas de la Policía (Nacional) para decirnos que teníamos que desalojar los terrenos”, afirmó Villa al visitar LA PRENSA.
Los denunciantes visitaron también ayer el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). La denuncia fue recibida por Gonzalo Carrión y Carlos Guadamuz, representantes del organismo.
En el Cenidh algunos de los denunciantes indicaron, no obstante, que las mismas personas que los alentaron a ocupar las tierras, son quienes ahora las reclaman como propias.
DICEN QUE SE DEFENDERÁN
Por su parte Narcisa Murillo Padilla, una de las pobladoras, aseguró que se están organizando para impedir que los desalojen de las propiedades.
“Somos gente pobre, campesinos, y no vamos a permitir que vengan a quitarnos nuestras tierras. Tenemos al pueblo organizado, ya tenemos una directiva que se encargará de hacer las vueltas (gestiones) en los tribunales para impedir que nos hagan esta grosería”, sostuvo Murillo.
Los pobladores dicen que denunciaron al procurador González ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Además, los denunciantes aseguran que recurrieron de amparo en el 2009, pero el Tribunal de Apelaciones de Masaya aún no se ha pronunciado al respecto.
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