En algunos círculos de la indecisa, dispersa e ineficaz oposición política de Nicaragua, se está hablando ahora de proponerle a Daniel Ortega la negociación de una reforma constitucional con la cual las dos partes —es decir, Ortega y la oposición política— podrían quedar básicamente satisfechas.
De manera que ya no es Daniel Ortega, el interesado en una reforma constitucional para modificar el artículo 147 de la Constitución, que le impide presentar su candidatura a otra reelección presidencial, sino que es la oposición la que se interesa en dicha reforma y se la ofrece a Ortega a cambio de que éste le haga algunas concesiones democráticas.
De acuerdo con la propuesta que se está barajando en círculos de la oposición, la cual se negociaría en un supuesto diálogo nacional, los grupos opositores le darían a Ortega los votos parlamentarios que son necesarios para aprobar la reforma constitucional, junto con los 38 que tiene el FSLN. Por su parte, Ortega aceptaría que se restablezca en la Constitución la barrera del 45 por ciento de la votación nacional para la elección presidencial, y la realización de una segunda vuelta electoral en el caso de que ningún candidato alcance ese porcentaje de los votos. Además, Daniel Ortega tendría que dar garantías suficientes de que las elecciones nacionales del próximo año serán libres y transparentes, lo cual significa ante todo cambiar el actual Consejo Supremo Electoral fraudulento y corrupto, y aceptar la observación electoral independiente, nacional y extranjera.
A primera vista y viéndola desde una perspectiva teórica democrática, esta propuesta de trueque de concesiones políticas entre la oposición y el Gobierno no debería ser mayormente objetable. En realidad, la democracia, la convivencia pacífica y la estabilidad política y social en libertad, son instituciones y valores que se basan precisamente en el diálogo para la negociación de distintas propuestas políticas, en el intercambio de concesiones que satisfacen básicamente a las partes, en la búsqueda del consenso que permita a todos obtener algo importante de lo que pretenden conseguir, en los acuerdos mutuamente satisfactorios entre los contrarios políticos.
Pero Daniel Ortega no es un sujeto político democrático, sino autoritario. Ortega utiliza y aprovecha los mecanismos de la democracia para alcanzar sus fines políticos y personales, pero no gobierna con respeto a las instituciones democráticas, sino que trata de destruirlas o vaciarlas de contenido, como lo hizo Adolfo Hitler y lo hace Hugo Chávez. Ortega no cree en los mecanismos democráticos para gobernar ni para solventar las diferencias políticas y sociales en beneficio de la democracia. Y tampoco siente que está en una crisis que lo obligue —como fue obligado en 1989—, a negociar con la oposición acuerdos que abran el camino a una solución política igual o parecida a las elecciones del 25 de febrero de 1990.
Tampoco le importa a Ortega la degradación política y moral que él mismo le ha causado a las instituciones democráticas. Por el contrario, quiere agudizar esta situación para convertir definitivamente esas instituciones en instrumentos de su poder personalista, esa aberración política que para efectos de propaganda llama “segunda etapa de la revolución”.
Es evidente que Daniel Ortega está seguro que se podrá presentar a la siguiente reelección, apoyado en la resolución espuria de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de octubre del año pasado, que declaró suspendida para él la vigencia del artículo 147 de la Constitución; en la declaración del presidente orteguista de la Asamblea Nacional, de que una extinta disposición transitoria de la Constitución de 1987 ha recobrado vigencia para que los funcionarios nombrados por la Asamblea Nacional, a quienes se les vencieron sus períodos, se mantengan en ejercicio de los cargos; y en el decreto administrativo de febrero de este año, mediante el cual Ortega ordenó a esos funcionarios que permanezcan en los cargos a pesar de que ya cumplieron los períodos para los que fueron nombrados por la Asamblea Nacional. Ortega cree que con eso se podrá revestir de “legalidad” su reelección —aunque no sea legítima—, y que gracias a la permanencia en el Consejo Supremo Electoral de los magistrados fraudulentos y corruptos que están a su servicio, ganará como sea la elección de noviembre del próximo año, por las buenas o por las malas.
Lo cierto es que en un diálogo nacional para negociar un acuerdo sobre la reforma constitucional, como se está proponiendo en algunos círculos de la oposición, ésta iría sólo a entregar la valija del botín a Daniel Ortega. Al menos para nosotros eso se puede ver tan claro como el agua limpia.
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