Ludwin Loásiga, Eduardo Cruz y María José Uriarte
El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), a través de su operador político en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el abogado Rafael Solís Cerda, logró que en abril de 2008 la junta directiva de la Asamblea Nacional devolviera a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos el dictamen de la Ley de Conjueces, bajo el alegato de que dicho texto no había sido lo suficientemente consultado.
El magistrado liberal Edgard Navas señaló que esas 55 sentencias ya estaban elaboradas desde que funcionaba con normalidad la Corte Suprema de Justicia.
“Simplemente llevaron de ‘firmones’ a los conjueces”, dijo Navas, quien indicó que “es materialmente imposible ponerse de acuerdo en tres días para dictar 55 sentencias”.
La acción de los magistrados orteguistas “es una parte más de la ilegalidad que se está viviendo en el Poder Judicial”, manifestó Navas. Los orteguistas también anunciaron que la magistrada Alba Luz Ramos citó a su “Corte Plena” para hoy y el próximo lunes, cuando realizarán audiencias en casos de recursos de casación en lo Penal.
Por su parte, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), con sede en Costa Rica, lamentó la “clara injerencia” del Poder Ejecutivo y de otros sectores políticos en la CSJ, cuya crisis institucional se incrementó debido a la sustitución de facto de los siete magistrados de tendencia liberal, al no alinearse a la posición de aceptar a los abogados Rafael Solís y Armengol Cuadra en ese Poder del Estado, después de vencerse su período constitucional.
“Para el Cejil, las decisiones tomadas por una parte de los integrantes de la Corte Suprema cuestionan la vigencia de un Estado de Derecho en Nicaragua. Uno de los requisitos fundamentales para una adecuada garantía y protección de los derechos humanos, es sin duda alguna la vigencia del Estado de Derecho”, reza parte del contenido del comunicado emitido por esa institución.
Agrega que “la decisión sobre la permanencia o remoción de los más altos jueces, no puede ser producto de una decisión arbitraria del Poder Ejecutivo; asimismo, debe estar establecida por ley y someterse a un adecuado escrutinio y control, para evitar la politización y parcialidad de uno de los Poderes del Estado fundamental en la garantía de los derechos.
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La iniciativa establece que cuando a un magistrado se le vence su período y la vacante no es llenada por el parlamento, un conjuez asumirá el puesto, lo cual hubiese dejado sin argumentos al propio Solís, quien terminó en abril sus cinco años en el cargo.
55 SENTENCIAS ILEGALES EN LA CSJ
Sin embargo, a pesar de la oposición de Solís para que se aprobara la Ley de Conjueces, los magistrados judiciales de Ortega convocaron ilegalmente a los mismos y ayer, en medio de una constante violación a la legalidad y atropello a la institucionalidad, en un remedo de “Corte Plena” del FSLN en la CSJ dictaron 55 sentencias con la presencia de dos magistrados de facto y siete conjueces ilegales.
El diputado independiente Salvador Talavera y el jefe de bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Ramiro Silva, acusaron a Solís de haber arado el terreno desde el 2008, para quedarse como funcionario de facto y asegurar el control del FSLN sobre la CSJ.
Según Silva, diputado de ALN que con frecuencia vota con el oficialismo, el PLC fue clave en este arreglo.
“Esto es un vicio, quieren aparentar que están peleados, pero ésta es una crisis creada entre el PLC y el FSLN para darle la oportunidad al FSLN de pasar el tema de la reelección (presidencial)… van a decir que la reelección es legal”, dijo Silva, un aliado del FSLN.
LEY DE CONJUECES ES CLARA E IMPEDIRÍA CAOS
En la actualidad, los magistrados del FSLN en la CSJ, junto a los ex magistrados Solís y Armengol Cuadra, trabajan con un grupo de conjueces, debido a que los representantes del PLC no aceptan a Solís ni a Cuadra como magistrados, pues ya no lo son.
Nada de eso sucedería si desde el 2008 los diputados hubiesen aprobado la Ley de Conjueces, que en su artículo 3 indica que por cada magistrado habrá un conjuez en específico, el cual lo “sustituirá en las sesiones de Corte Plena en las Salas Civil, Penal, Constitucional y Contenciosa Administrativa”.
EL MIEDO DE SOLÍS
Además, el artículo 15 del proyecto de ley estipula que “si se venciere el período para el que fue electo el magistrado en propiedad, el conjuez será incorporado para que ejerza sus funciones, hasta que sea electo el nuevo magistrado”.
Es decir, que ni Solís ni Cuadra tuvieran en la actualidad ninguna excusa para mantenerse ilegalmente en sus cargos, amparándose en el decretazo 3-2010 o en el segundo párrafo del artículo 201 de la Constitución de 1987. El trabajo de los magistrados constitucionales de Ortega, de los usurpadores y conjueces —según Talavera— “está creando una jurisprudencia aberrante”.
“Todo el relajo y escándalo de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo la famosa interpretación antojadiza del párrafo 201 (de la Constitución de 1987), se habría evitado con esta ley. No quiero ser mal pensado y creer que todo esto fue una confabulación, que alguien previó todo esto hace dos años (…) prefiero creer que las bancadas de la oposición, al igual que los miembros de la junta directiva, fueron tomados por sorpresa”, dijo Talavera.
De acuerdo con Talavera, Silva y el también diputado José Pallais (PLC), presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, Solís fue el artífice de que el dictamen de la Ley de Conjueces pasara al “sueño de los justos”, en vez de ser discutido en el plenario. Silva añadió que el propio magistrado liberal Manuel Martínez respaldó tal solicitud.
“Estaba el diputado Carlos García (ALN) cuando llamaron al diputado Wilfredo Navarro (PLC) para ver de qué manera se ponía esta iniciativa (Ley de Conjueces) en la orden del día, pero el diputado Navarro expresó que era un acuerdo de Rafael Solís y Manuel Martínez el no aprobar esta iniciativa en este momento. Y ellos (PLC y FSLN) en la reunión de directivos del miércoles, ni mencionaron esta ley”, afirmó Silva, uno de los diputados al servicio del partido gobernante.
PALLAIS RECONOCEA MEDIAS
El diputado Pallais reconoció que una hipótesis es que la actual crisis en la CSJ fue prefabricada, pero negó que el PLC sea parte.
“El doctor Rafael Solís convenció a René Núñez y a Edwin Castro de que era un peligro esta ley y que debía paralizarse. Lo plantearon en la junta directiva e incluso, según esta carta, lo planteó el diputado Edwin Castro, con todo el respaldo y empeño del presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez. Bajo la argucia de que no había sido suficientemente consultada y la devolvieron, lo cual es ilegal”, enfatizó Pallais.
Por su parte, Robert Callahan, Embajador de Estados Unidos en Nicaragua, dijo que el lunes próximo el cuerpo diplomático se reunirá con magistrados de la CSJ en la Cancillería.
“Estamos dispuestos a escuchar a toda la sociedad nicaragüense y todas sus explicaciones, hay una necesidad, es el derecho del Gobierno de ofrecer las explicaciones al cuerpo diplomático de sus actividades y también al pueblo y al mundo entero”, dijo Callahan.
(Con la colaboración de Gloria Picón).
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