Juristas democráticos, catedráticos de Derecho, abogados independientes, magistrados liberales y legisladores de oposición, coinciden en que la incorporación de los conjueces a la Corte Suprema de Justicia al margen de lo que establece la ley; así como excluir por motivos políticos a magistrados del supremo tribunal que están en legítimo ejercicio de sus atribuciones, al mismo tiempo que se impone a individuos que ya cumplieron su período de magistrados y por lo tanto están usurpando esas funciones, representa un golpe demoledor contra la institucionalidad del Poder Judicial y liquida el Estado de Derecho en Nicaragua.
Pero no es por error, sino en cumplimiento de un programa estratégico, que el régimen de Daniel Ortega está demoliendo la institucionalidad democrática, desnaturalizando el Poder Judicial y liquidando el Estado de Derecho de Nicaragua. Las sociedades democráticas son estables y progresan —con los altibajos inevitables de la dialéctica del proceso histórico—, gracias a la seguridad jurídica, a la existencia de reglas del juego previsibles y respetadas, al funcionamiento de una justicia institucional impartida por magistrados y jueces competentes, independientes, ecuánimes y honestos; funcionarios judiciales que no manipulan la ley ni abusan de la Constitución para favorecer intereses particulares propios ni ajenos.
Pero en Nicaragua ocurre lo contrario. Aquí los magistrados y jueces en su gran mayoría son descaradamente partidistas, atropellan la Constitución y violan las leyes secundarias, dictan sentencias y resoluciones aberrantes, y hasta encabezan turbas de enmascarados que salen a la calle a realizar actos vandálicos y sembrar el terror entre opositores, activistas cívicos y ciudadanos pacíficos.
La administración de justicia en Nicaragua ha sido convertida en un sicariato judicial de Daniel Ortega, quien atropella todo lo que encuentra en el camino de su pretensión de volver a reelegirse y perpetuarse en el poder. El Poder Judicial se usa como instrumento de represión política y la mayor parte de los magistrados y jueces han sustituido la toga judicial con el uniforme de militante. Esto es característico de toda dictadura, cualquiera que sea su intensidad e ideología. Para comprobarlo basta hojear las páginas de la historia de los tribunales de “justicia” en el régimen estalinista de la extinta Unión Soviética, el fascismo italiano, el nazismo alemán o el comunismo tropicalizado de Cuba; y para no ir muy lejos, en la Nicaragua de los años ochenta del siglo recién pasado, cuando operaron los siniestramente célebres TPA.
Los TPA, o Tribunales Populares Antisomocistas, fueron creados mediante el decreto número 1233 de la Junta de Gobierno sandinista, dictado el 11 de abril de 1983 y publicado al día siguiente en el diario oficial La Gaceta. La dictadura de los comandantes del FSLN estableció aquellos tribunales de represión, que desaparecieron formalmente el 20 de enero de 1988 gracias a la presión internacional por medio de los Acuerdos de Esquipulas, con el pretexto de que “mercenarios somocistas” y el Gobierno de Estados Unidos le hacían la guerra al régimen sandinista. En realidad, los TPA eran una continuación de los también siniestros Tribunales Especiales de Emergencia, los cuales fueron creados por el FSLN a través de la misma Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional el 7 de agosto de 1979 y habían funcionado hasta el 3 de febrero de 1981. Tanto los Tribunales Especiales de Emergencia como los TPA eran instrumentos de violación de los derechos humanos, de represión contra miles de personas que fueron castigadas por venganza política, para robarles sus propiedades y bienes, muchas veces por falsas denuncias y mezquinas venganzas personales en los vecindarios.
Ése es el modelo de “justicia” de Daniel Ortega y sus seguidores. Ellos quieren restablecer aquellos odiosos tribunales especiales, con otros nombres y modalidades distintas, adecuadas a las nuevas condiciones nacionales e internacionales, pero con el mismo objetivo de antes: imponer una administración judicial partidista, sectaria y represiva, en sustitución de la verdadera justicia que por definición debe ser ecuánime e independiente.
Ciertamente, para ser auténtica la justicia tiene que ser administrada por magistrados y jueces que reúnan las cuatro características fundamentales establecidas por Sócrates hace ya más de 2 mil años: “Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente”. La lucha de los demócratas de Nicaragua es por tener magistrados y jueces como ésos. Y aunque por ahora parezca ilusorio, es un objetivo que más temprano que tarde se podrá conseguir.
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