Pacto es una mala palabra en Nicaragua, debido a las consecuencias nefastas que los pactos políticos han tenido a lo largo de la historia nacional, sobre todo en los últimos tiempos.
En realidad, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, pacto es “concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado”. O sea que pactar es algo normal y necesario para la convivencia en una comunidad, sociedad y Estado civilizado, donde se excluyen la guerra, la violencia y la imposición por medio de la fuerza; donde el diálogo y el entendimiento constituyen la base del acuerdo político, social y nacional.
En la historia de Nicaragua se reconoce sólo un caso de pacto ejemplar, el cual es elogiado en los textos históricos y citado anualmente en los discursos de los políticos. Tal fue el denominado “Pacto Providencial” del 12 de septiembre de 1856, acordado por los partidos Democrático (liberal) y Legitimista (conservador) por medio de sus líderes Máximo Jerez y Tomás Martínez, respectivamente, para derrotar a los filibusteros de William Walker y después establecer gobiernos de concordia nacional que duraron hasta fines del siglo 19.
Pero desde entonces todos los pactos entre los caudillos de los principales partidos políticos (en 1948, 1950 y 1970, el liberal y el conservador; y en 1999 el FSLN y el PLC) han sido componendas para repartirse el botín del Estado; arreglos de cúpulas para que el dictador de turno siguiera en el poder mediante reformas constitucionales, constituyentes y reelecciones; contubernios para negarle al pueblo la libertad, la justicia y el derecho a gobernarse en democracia a través de elecciones libres y alternabilidad en el poder.
Acerca del pacto acordado el 27 de noviembre de 1970 y firmado “solemnemente” el 21 de marzo de 1971 por el presidente liberal Anastasio Somoza Debayle y el líder conservador Fernando Agüero Rocha, el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal dijo en el editorial de LA PRENSA del viernes 1 de enero de 1971, que detrás del acuerdo pactista “es clarísimo que existe una vasta gama de intereses y una corta fila de interesados, que han creído ver en esa operación la oportunidad de acercarse a Somoza con intención de obtener puestos públicos o participar junto con él en la distribución de privilegios, indispensables a veces para mantener cómodamente algunos negocios. Se trata de un esfuerzo por participar en la oligarquía somocista, el cual corre parejo con el otro esfuerzo, el político, tendiente a capturar cargos públicos presupuestados”. Todo eso —agregó el doctor Chamorro Cardenal— descrito “como una operación ‘patriótica y noble’”.
Sustituyendo el apellido de Somoza con el de Ortega, lo que dijera el doctor Chamorro Cardenal acerca del pacto libero-conservador de 1970 se puede decir ahora sobre el pacto libero-sandinista de 1999, que ha sido renovado al menos dos veces y al parecer es inminente que en estos días sea actualizado otra vez.
Daniel Ortega necesita renovar el pacto, no porque reconozca que hay una crisis de legitimidad gubernamental en Nicaragua, ni porque le importe el quebrantamiento del Estado de Derecho, ni para que la Asamblea Nacional pueda elegir a los magistrados y otros altos cargos estatales que están pendientes de nombrar. Todo eso es secundario para Ortega. Para él lo más importante es la reforma constitucional que le permita limpiar su candidatura a una nueva reelección, así como ampliar y reforzar su control autocrático sobre todos los poderes e instituciones del Estado.
Más necesaria es la renovación del pacto, inclusive apremiante, para el líder del PLC, Arnoldo Alemán, no sólo por su reconocida afición al pactismo sino también por las presiones prácticamente irresistibles a las que está sometido. Una es la del partido PLC, que teme perder las cuotas de poder y la participación en el disfrute del botín del Estado; y la otra es a título personal y familiar, de los funcionarios públicos que son miembros del PLC y están horrorizados ante la perspectiva de perder sus privilegios, de quedar en la desocupación e ir a la calle, la cual está “muy dura” según lo dicho por el mismo doctor Alemán.
Pero ¿ hay alguna alternativa al nuevo pacto libero-sandinista o su renovación? Sin duda que la hay o es necesario buscarla. Para decirlo con las palabras del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, escritas en el editorial de LA PRENSA del miércoles 6 de enero de 1971 también en relación con el pacto libero-conservador de Agüero con Somoza: “La solución está en levantar los espíritus y buscar métodos que conduzcan al restablecimiento de la dignidad social”.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
