Al decir el regreso de Ortega, no nos referimos en este caso a su retorno al ejercicio del poder, el cual, dicho sea de paso, nunca lo perdió del todo durante el período de los gobiernos democráticos que duró del 25 de abril de 1990 al 10 de enero de 2007. Nos referimos al regreso de Ortega al pasado, a la situación de los años ochenta del siglo XX, cuando él y la dirección de su partido gobernaban de manera absolutista y hacían todo lo que querían, porque para ellos su revolución era la “fuente del derecho”.
Es tanta la obsesión que tiene Daniel Ortega por regresar al pasado, que el miércoles de esta semana prácticamente pidió apoyo a los líderes de la empresa privada para disolver la Asamblea Nacional y recrear el Consejo de Estado, el ente corporativo que funcionó en los años ochenta y tenía formalmente funciones colegislativas, pero de hecho estaba subordinado a la Junta de Gobierno provisional y más que todo a la voluntad del grupo de comandantes que integraban la dirección nacional del FSLN.
El Consejo de Estado era integrado por representantes designados, no elegidos popularmente, de organizaciones gremiales, religiosas, económicas y políticas. Su función era aprobar algunas leyes secundarias por iniciativa propia, y sobre todo las que le enviaba la dirección nacional sandinista por medio de la Junta de Gobierno provisional. El Consejo de Estado, cuando se constituyó tenía una representación pluralista más o menos balanceada, pero poco tiempo después el FSLN impuso una mayoría sandinista absoluta. De manera que aquel organismo de fachada prácticamente sólo servía para proyectar internacionalmente una falsa imagen de pluralismo y democracia, que realmente no funcionaban en el país.
Pero de acuerdo con la Constitución Ortega no puede disolver la Asamblea Nacional ni restaurar aquel Consejo de Estado. Para hacer eso se necesitaría una reforma constitucional total, o sea aprobar una nueva Constitución. Y esto sólo sería posible si la Asamblea Nacional se autodisolviera y convocara a elecciones de asamblea constituyente, lo cual tendría que ser aprobado con el voto de al menos 61 diputados.
Sin embargo ¿qué es lo imposible para Daniel Ortega, en materia política, legal y constitucional? Ortega ya ordenó suspender, mediante una fraudulenta resolución judicial de seis magistrados del FSLN, la vigencia del artículo 147 de la Constitución que le prohíbe ser candidato a otra reelección. A través de un decreto administrativo, Ortega ha mandado a que se mantengan en sus cargos los funcionarios elegidos por la Asamblea Nacional que ya cumplieron su período de funciones establecido en la Constitución. Por disposición de Ortega, algunos magistrados e inclusive ex magistrados del FSLN que usurpan funciones en la Corte, han ordenado a la Asamblea Nacional suspender la tramitación del proyecto de ley para derogar el decreto presidencial antes mencionado. Los magistrados y ex magistrados del FSLN amenazan a los diputados que no acaten esa arbitraria disposición con quitarles la inmunidad y mandarlos a la cárcel, a pesar de que sólo la Asamblea Nacional puede retirar la inmunidad a los funcionarios que gozan de esa protección procesal.
Además, Daniel Ortega no cumple el mandato constitucional de que los ministros y embajadores nombrados por el Ejecutivo, tienen que ser ratificados por el Legislativo para que puedan asumir y desempeñar sus cargos. Por disposición de Ortega se ha exhumado una disposición constitucional de 1987, la cual fue dictada expresamente para una situación que se resolvió hace más de 20 años. Y en estos días, los representantes del FSLN en el Poder Judicial han informado que en junio entrante se van a tomar todas las salas de la Corte y que excluirán de sus presidencias a los magistrados que no son orteguistas.
Entonces, si Ortega ha podido hacer todo eso a base de leguleyadas, artimañas, interpretaciones arbitrarias de la Constitución y la ley, así como aprovechando las debilidades políticas y éticas de la oposición, y hasta utiliza la violencia callejera para conseguir sus fines, ¿por qué no va a poder encontrar el pretexto, el mecanismo y la justificación para destituir a los diputados firmes de la oposición y reemplazarlos con suplentes comprados y sumisos, e inclusive para disolver la Asamblea Nacional y crear un nuevo Consejo de Estado, subordinado al Ejecutivo?
La verdad es que como lo hemos venido diciendo desde enero del 2007, y hay que repetirlo hasta la saciedad, Daniel Ortega es capaz de todo para seguir en el poder, y llegará hasta donde la oposición democrática y el pueblo en general le permitan llegar. Ésa es la cruda realidad de Nicaragua.
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