A propósito de la incertidumbre generada por la oposición política en el parlamento, la cual, como ya es costumbre, fluctúa entre la deseada posibilidad de contar con 48 votos para “anular el decretazo presidencial” y la dura realidad de saber que hay parlamentarios dentro de ese grupo (aunque contados con los dedos de una mano), cuyos “pecadillos” les hacen ser foco del chantaje y la petición de amorales expiaciones por parte del régimen de Daniel Ortega. Concluyendo esto, en una vacilante postura política frente a la necesidad de la patria de retornar al orden constitucional.
La oposición desde el Poder Legislativo debe ser sagaz, ¿por qué no decir conspirativa? Debe irremediablemente de declararse en sesión permanente para no dejarse sorprender por los constantes atropellos que el tropel estatal promueve y ejecuta para fortalecer sus tentáculos de poder y corrupción en esta empobrecida república de sinsabores y frustración popular. El orteguismo, gracias al discrecional uso de la ayuda chavista que se calcula en muchos millones de dólares, puede “contratar” movilizaciones callejeras disfrazadas de expresión popular para cuartar violentamente los derechos políticos y sociales de los nicaragüenses amantes de la paz, la democracia y la libertad.
En cambio la oposición no cuenta siquiera con un bloque sólido de 47 votos en el parlamento para frenar los constantes atropellos del régimen orteguista. ALN, por ejemplo, es una quimera política en la llamada “unidad liberal”, sus diputados ya nos han desilusionado con sus constantes inconsistencias a lo largo de su ejercicio legislativo. Estos avispados políticos, proclives al síndrome del figureo pero cautos a la hora de plantarle cara al oficialismo, se inventan novedosas o torpes excusas a la hora en que la oposición unida desde el poder legislativo se alista para frenar los dictados del autoritario comandante presidente.
La república urge retornar al orden institucional, la democracia día a día se fractura a vista y paciencia de estos políticos fortuitos, protagonistas despreciables de la tragicomedia más dolorosa de nuestra reciente historia, en donde una dictadura se afianza y se enriquece con la complicidad de algunos curuleros mercaderes de votos y quórum. Nicaragua merece mayor sacrificio por parte de los demócratas y si este sacrificio amerita la desobediencia civil como máxima expresión de nuestra inconformidad con la dictadura en ciernes de Daniel Ortega, entonces será de esa manera que los ciudadanos expresaremos nuestro empacho por lo absurdo, por lo ilegal, por lo arbitrario del proceder gubernamental.
Por ahora, las bancadas democráticas en el parlamento nicaragüense deberán conformarse con la cruda realidad de no contar con los 47 votos para anular el decreto espurio de Daniel Ortega, pero igual tendrán la delicada tarea de tejer una estrategia efectiva en contra de los incontables ilícitos que desde el abuso de poder comete sin rubor alguno el régimen. Tendrían estos diputados de oposición que aprender humildemente de aquellos diputados de la UNO (1990-1996), quienes a pesar de las desacertadas estrategias de una “ínfima disidencia” lograron con tenacidad y mucha capacidad política sortear toda suerte de trampas y amenazas de un FSLN que como fiera herida tras la derrota electoral, no escatimó en hacer sentir el peso de su violencia callejera a la oposición.
La culminación de aquella histórica época legislativa parió a un ala renovadora de sandinistas que optaron por los cauces democráticos y la lucha política en completa adversidad del grupo ortodoxo, viciado y violento liderado por Ortega, todo esto por supuesto fruto de la alta calidad política y negociadora de aquellos parlamentarios, los que lejos de pensar en sus intereses personales o de lucrar con el poder de sus votos, no dudaron nunca en poner el bienestar de la patria en primer lugar.
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