La epidemia del crimen organizado en América Latina, alimentada por una política antidrogas de Estados Unidos que comenzó hace cuatro décadas, parece estar alcanzado a las ciudades estadounidenses. Poderosas redes criminales que suministran a los usuarios gringos se están volviendo cada vez más audaces a la hora de expandir sus negocios. En 2008, las autoridades de EE.UU. indicaron que los cárteles mexicanos de la droga abastecían a sus clientes en 195 ciudades estadounidenses.
La violencia en EE.UU. es apenas una fracción de lo que México, Guatemala y Colombia soportan cada día. No obstante, es considerable. Las tasas de secuestros en Phoenix, por ejemplo, están por las nubes y algunos asesinatos espectaculares de agentes del orden también han acaparado los titulares.
Mientras sucede esto, potenciales ayudantes de camareros, techadores y cortadores de césped de México y América Central atraviesan el desierto de Arizona para ingresar a EE.UU. debido a que las vías legales están cerradas y quieren trabajo.
Técnicamente, ambos grupos infringen la ley. Sin embargo es un error trágico ponerlos en el mismo saco. Cometerlo podría causar serios daños económicos y morales al país de inmigrantes más exitoso de la historia de la humanidad. Culpar a los inmigrantes por el aumento del crimen organizado también tiene otra desventaja: aunque podría hacer que la gente se sienta bien por un tiempo acerca de la legalidad, no hará nada para detener el crecimiento de la violencia pandillera en EE.UU., que representa una amenaza mayor para la seguridad del país.
Es tentador formular el problema del crimen organizado como una cuestión de soberanía (en otras palabras, ¡los mexicanos nos están invadiendo!) pero eso ignora el rol de la demanda de estupefacientes. La solución tiene que empezar con el reconocimiento de que el tráfico de drogas a través de Arizona, una preocupación clave de los ciudadanos de ese estado, es producto de una compleja serie de políticas estadounidenses fallidas.
Es difícil culpar a los habitantes de Arizona por lo que parece ser nada más que un deseo de hacer cumplir el estado de derecho. Ésa es la idea detrás de la polémica nueva legislación que permite a la Policía pedir documentación de individuos de aspecto de inmigrantes. Como un ciudadano de Tucson me dijo la semana pasada, hay una “sensación de inseguridad debido a la migración de tantos ilegales”. Otros factores que parecen haber dado lugar a pedidos para que se “haga algo” incluyen salas de urgencia atestadas, la entrada ilegal de inmigrantes y una reacción muy humana a una sensación de cambio abrumador en un corto período.
La mayoría de los estadounidenses comprenden intuitivamente que los inmigrantes son un activo. Los inmigrantes que se dirigen hacia el norte son ambiciosos. Muchos viajan lejos, caminando a paso pesado a través del desierto durante varios días seguidos o exponiéndose a grandes riesgos con traficantes de personas. Vienen en busca de un trabajo pagado, una oportunidad de crear una empresa o simplemente esperan un mejor futuro. Su viaje es la esencia misma de la ética de trabajo.
Es un hecho lamentable de la política estadounidense que el problema inmigratorio en Arizona fue creado por el gobierno federal. Durante gran parte de la última década, EE.UU. ha necesitado mano de obra joven y entusiasta y América Latina la ha provisto en exceso. Las autoridades de Washington, no obstante, se han rehusado a concebir un plan de inmigración legal que pueda responder a esta realidad del mercado. El Congreso de EE.UU. ha preferido, en cambio, amurallar la frontera de California.
Cualquiera persona remotamente familiarizada con las aspiraciones de los inmigrantes podría haber previsto que las masas que anhelan ser libres encontrarían otro camino. Lo encontraron, a través del desierto y hacia Arizona. El concentrado flujo de inmigrantes a través de ese único estado es un gran motivo de la reacción de los ciudadanos de Arizona.
Es importante, sin embargo, distinguir la violencia relacionada a la droga que acapara los titulares de la prensa del patrón general del comportamiento de los inmigrantes. Los inmigrantes mexicanos no han provocado una ola de delitos en Arizona, como sostienen algunos políticos y expertos.
Citando estadísticas del Departamento de Justicia, Dan Griswold, un académico del Instituto Cato que ha escrito mucho sobre inmigración, informó el mes pasado en su blog que “la tasa de delitos en Arizona en 2008 fue la menor de las últimas cuatro décadas. En la última década, a medida que ha aumentado rápidamente el número de inmigrantes ilegales en el estado, la tasa de delitos violentos cayó 23 por ciento, la de delitos de propiedad 28 por ciento”. Griswold también señala que “los datos del censo muestran que los inmigrantes en realidad son menos propensos a cometer delitos que los nacidos en Estados Unidos”.
Esto no significa que los cárteles de la droga no socavan la paz. En una visita a The Wall Street Journal el año pasado, el gobernador del estado de Texas, Rick Perry, mostró preocupación por la violencia de pandillas relacionadas a la droga en las grandes ciudades de su estado. En una carta al editor del Journal en marzo, Beto O’Rourke, un miembro del concejo de la ciudad de El Paso, Texas, describió la violencia en Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera, y expresó preocupación por los altos costos para ambas ciudades que conforman una región económicamente integrada.
La guerra contra el suministro de drogas fue iniciada hace más de 40 años porque EE.UU. descubrió que la prohibición no logró contener el apetito de los estadounidenses por los narcóticos. Desde entonces, miles de latinos han muerto por esta causa. En 2008, según la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud, 36 millones de estadounidenses habían consumido drogas ilícitas en el último año. Detener trabajadores mexicanos poco cualificados y amurallar toda la frontera probablemente no resolverá el problema. O’[email protected]
Culpar a los inmigrantes por el aumento del crimen organizado no hará nada para detener la violencia pandillera, que es una amenaza mayor para la seguridad de EE. UU.
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