Si Nicaragua llena todos los requisitos para ser una “república banana” y por lo tanto tiene una “democracia bananera”, entonces es lógico que también sea un “Estado de facto” como lo llamaron el fin de semana recién pasado políticos democráticos, juristas constitucionalistas y académicos del Derecho.
El mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado liberal Manuel Martínez, calificó como un golpe de Estado contra el Poder Judicial la toma de la suprema Corte por parte de los ex magistrados sandinistas Rafael Solís y Armengol Cuadra, al frente de una masa vociferante y agresiva de jueces y empleados judiciales que obedecen las orientaciones del FSLN y Daniel Ortega.
En realidad, las acciones del orteguismo contra lo que quedaba en el país de Estado de Derecho y gobernabilidad democrática, no son simples payasadas de dos ex magistrados que quieren seguir usufructuando las magistraturas en el Poder Judicial, como dicen y parecen creer algunas personas. Lo que está haciendo el orteguismo es implementar una estrategia para controlar todo el poder de manera absolutista y restablecer la dictadura en Nicaragua.
Sin duda que los orteguistas hubieran preferido realizar su avieso plan de manera tranquila, mediante un nuevo pacto fraguado a espaldas del pueblo y la compra de más diputados corruptos de la oposición. De esa manera Ortega hubiera podido conseguir, sin mayores conmociones, la reforma constitucional que necesita para tener derecho a volver a reelegirse; seguir controlando el Poder Electoral para imponerse el próximo año mediante otras elecciones fraudulentas, iguales o peores que las municipales del 2008; y además, reforzar su control sobre la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia y demás instituciones del Estado.
Si Ortega no ha podido realizar sus planes tranquilamente, mediante un nuevo pacto con Alemán y la compra de más diputados corruptos, ha sido por la presión de la sociedad civil y la vigilancia de la oposición democrática, inclusive en el mismo partido liberal. En este sentido ha sido muy importante la influencia del Obispo de Estelí, monseñor Abelardo Mata, como mediador de la unidad liberal, pues al menos hasta ahora su presencia ha impedido que los pactistas se volvieran a arreglar contra el pueblo. Sin embargo, Ortega no va a renunciar por eso a sus planes de restablecer la dictadura y perpetuarse en el poder. Sólo cambia de táctica y recurre a medidas de fuerza brutales típicamente fascistas, como son las que ha practicado en los últimos días contra el Poder Judicial.
En realidad, Daniel Ortega recuperó la presidencia de la nación gracias al pacto con Arnoldo Alemán y la división que éste causó en la oposición y ante todo en el partido liberal, para quedarse en el poder para siempre, o al menos tal es su propósito, como él mismo y sus secuaces lo han hecho saber de manera descarada. Quienes le facilitaron a Ortega la recuperación del poder total, tenían que saber lo que iba a ocurrir y estar conscientes del terrible daño que le causarían a Nicaragua. Y si no lo sabían, entonces lo que pasó es que además de corruptos eran crasos ignorantes de la experiencia histórica y las lecciones de la ciencia política, las cuales enseñan que cuando individuos como Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini, Mao, Fidel Castro, Hugo Chávez y Daniel Ortega se adueñan del gobierno de cualquier manera, no están dispuestos a entregarlo voluntariamente y son capaces de cualquier cosa, inclusive de ahogar en sangre a sus propios pueblos, para tratar de mantenerse por siempre en el poder.
En la Carta Democrática Interamericana de la OEA se dice que es obligación de este organismo hemisférico defender la democracia representativa, “dentro del respeto del principio de no intervención”, y que para eso su Asamblea General estableció “un mecanismo de acción colectiva en caso de que se produjera una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados miembros de la Organización, materializando así una antigua aspiración del Continente de responder rápida y colectivamente en defensa de la democracia”.
De manera que habría que preguntarle a la OEA, y personalmente a su secretario general, José Miguel Insulza, qué piensa de la “interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático” y de la implantación de un virtual Estado de facto que está ocurriendo en Nicaragua. ¿Será capaz de emitir aunque fuera una formal nota de protesta?
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