Un grupo de abogados democráticos introdujo ayer en la Fiscalía una denuncia en contra de los ex magistrados orteguistas Rafael Solís y Armengol Cuadra. Según los denunciantes, ambos ex magistrados entre el 11 y 16 de abril incurrieron en los delitos de usurpación de funciones públicas, motín, obstrucción de funciones, tortura y crimen organizado, entre otros.
La denuncia fue firmada por los abogados Gustavo García Prado, Glenda María Orozco, Sergio García Quintero, Víctor Boitano Coleman, Félix Franco Icaza Jiménez, Jaime Antonio Chavarría y David Antonio Castellón Fornos.
Mientras, ayer los magistrados liberales Gabriel Rivera, Sergio Cuarezma Terán y Antonio Alemán Lacayo expresaron al secretario de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que “con relación a la audiencia oral y pública que citara el ex magistrado Armengol Cuadra para el día 19 de abril del año 2010, es ilegal, en virtud de que el mismo ha dejado de ser magistrado en funciones y además magistrado presidente de la Sala de lo Penal. Por tanto, le pedimos que se abstenga de seguir convocando e integrando a personas que ya no son parte de la judicatura, mientras los magistrados en funciones no eligen un nuevo presidente para la Sala de lo Penal”.
“En consecuencia, reafirmamos una vez más (y lo seguiremos haciendo mientras esta situación persista) que todo acto procesal en el que intervengan aquellos abogados que se les haya vencido su mandato constitucional para ejercer funciones de magistrados es nulo”, dice la carta que los magistrados liberales entregaron al secretario de la Sala Penal, José Antonio Fletes Largaespada.
“Porque yo no me acordaba de que estaba vigente ese artículo constitucional, porque después los que hicieron la Constitución, después de la reforma, omitieron el tuco, no lo completaron el tuco, ¿por qué? Sabrá Dios, cuando aparece el tuco, y el señor éste, cómo se llama, el señor Ferrey, y la otra doctora, cómo se llama la doctora, Auxiliadora Acosta, se acuerdan y se van al diario de debate, efectivamente, ahí está todo; vayan ustedes, ése es periodismo investigativo, vayan y se van a dar cuenta de que nunca fue derogado, que está absolutamente vigente, sino que la administración de la Asamblea Nacional en aquel momento no lo copió”, fue la explicación de Omar Cabezas de los motivos por los que regresó.
Anunció que ayer firmaría varios documentos pendientes. Y al indicarle sobre señalamientos de que todo lo actuado será ilícito, respondió: “Me tiene sin cuidado la politiquería, yo no me guío por lo que dicen los periódicos de los Chamorro, me importa a mí lo que dicen los Chamorro, misa pueden decir; no tengo ningún respeto por ellos, ni por la pluma de sus editores que les mandan a escribir a los pobres periodistas y si no, los echan como echaron a la Eloísa Ibarra”.
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En tanto, el presidente del Poder Judicial, magistrado liberal Manuel Martínez, anunció que para hoy pidió una cita para reunirse con la primera comisionada Aminta Granera, jefa de la Policía Nacional, para abordar el tema de la crisis que se está viviendo en ese poder del Estado.
PROCURADURÍA SIGUE USURPANDO FUNCIONES
Ayer la Sala Penal de la CSJ funcionó nuevamente de manera ilegal , convocada por Armengol Cuadra y también con la presencia de Rafael Solís. Y la Procuraduría General de la República (PGR) siguió usurpando funciones del Ministerio Público, al actuar como acusador en audiencias de la Sala Penal.
“Es obvio que las acciones cometidas por estos ciudadanos no sólo se limitan a usurpar funciones, sino que a otros tipos de hechos punibles calificados y tipificados por el Código Penal por sus acciones sistemáticas y continuas, ya que al ordenar y firmar documentos y hacer insertar en dichos documentos o instrumentos públicos declaraciones falsas, incurren en el delito de falsedad ideológica”, refieren los denunciantes.
El magistrado liberal Gabriel Rivera indicó que la táctica de los sandinistas es estar incorporando suplentes en las diferentes Salas del Poder Judicial, “con la técnica mafiosa de integrar suplentes sandinistas para sustituir a los propietarios liberaes”.
El magistrado liberal Antonio Alemán también se mostró en desacuerdo con la presencia de la PGR en las audiencias de la Sala Penal. “No estamos de acuerdo con la presencia de los procuradores generales de justicia, puesto que ellos representan al Estado en materia civil sobre todo cuando se toca al erario o hay malversación fiscal”, dijo Alemán.
EL COLMO DE LA DESFACHATEZ DE SOLÍS
Por su parte, Solís insistió en que dentro de la CSJ se está trabajando con normalidad, y sobre los plazos de una semana y tres días que se dieron entre el magistrado Martínez y él, dijo que “eso quedó así”.
Solís también aseguró que Martínez no tomará ninguna decisión administrativa en contra de él ni de Cuadra. “Ya hoy es otro ambiente en la Corte. Ellos (magistrados liberales) están claros de que hay una legalidad, una constitucionalidad aquí, a su manera la terminaron aceptando y creo que eso ayuda, yo no voy a echar más leña al fuego, hay que ser implacable en el combate y generoso en la victoria”, dijo Solís.
OBSTRUYERON LIBRE FUNCIONAMIENTO
En la denuncia, los abogados señalan que los ex magistrados al “alzarse a la violencia e instar a la misma”, utilizando organizaciones sindicales y judiciales con actos dirigidos, paralizaron y obstruyeron a nivel nacional el libre funcionamiento de los tribunales de justicia.
Además, en colaboración de un grupo de personas foráneas de ese Poder del Estado armados de morteros se apoderaron del edificio central del Poder Judicial, el cual “fue paramilitarizado, y militarizado con policías, asimismo, dicho poder fue partidarizado con canciones, consignas y emblemas partidarios”.
En la denuncia los abogados piden a la Fiscalía que cite a la directora de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, para que rinda informe sobre las acciones de resguardo y protección que ha brindado a funcionarios e instalaciones del Poder Judicial, respectivamente, pues recuerdan que están obligados a actuar de oficio en casos de alteración al orden público.
FISCALÍA DEBE ACTUAR
“Si todavía persiste un poco de moralidad y el respeto al Estado de Derecho y al principio de legalidad, considero que el Ministerio Público debe tomar cartas en el asunto; tan es así que he oído que el Ministerio Público está estudiando la posibilidad de abrir proceso penal en contra de ambos”, aseguró el abogado Gustavo García, uno de los denunciantes.
García señaló que el párrafo segundo del artículo 201 de la Constitución Política de 1987, en el cual Solís y Cuadra se amparan, “fue abolido, abolición significa desaparecerlo porque no tiene razón de ser, de su existencia, porque para lo que fue creado ese párrafo segundo ya terminó, por eso se llama capítulo final y transitorio”.
Por su parte, el abogado Victor Boitano indicó que además de que la Fiscalía debe acusar en este caso, la Policía tiene que proteger a los magistrados que están trabajando.
La abogada Glenda Orozco expresó, mientras tanto, que éste es el momento de que el Ministerio Público “dé la cara”, porque existe una gran cantidad de denuncias por otros hechos a las que esa institución no les ha dado respuesta.
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