A juzgar por las señales que se están viendo en el cielo político de Nicaragua, parece inminente un arreglo entre Arnoldo Alemán y el PLC con Daniel Ortega y el FSLN, para repartirse los 25 altos cargos estatales que debe elegir la Asamblea Nacional y preparar el escenario de la elección presidencial del próximo año, en la que los principales contendientes serían Ortega y Alemán.
Los dirigentes del PLC han sido muy claros al decir que no están dispuestos a ceder las cuotas de poder que tienen en el Estado. A lo sumo han admitido que podrían ceder algunos puestos a otros sectores, siempre y cuando en la formación de la unidad liberal se subordinen a la hegemonía del PLC y, por lo consiguiente, al liderazgo de Arnoldo Alemán.
Por otra parte, los sorpresivos y desmesurados ataques de conspicuos representantes del PLC contra el movimiento liberal de Eduardo Montealegre, después de las elecciones regionales del Atlántico, y sus injustificados ataques contra las organizaciones democráticas de la sociedad civil que convocaron a la marcha cívica del sábado 20 de marzo en Managua, sólo se pueden entender como una táctica para preparar la justificación de la ruptura de los Acuerdos de Metrocentro. Como se sabe, mediante esos acuerdos el PLC se comprometió con los otros partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil, a no arreglarse por separado con el FSLN, a mantener el consenso con toda la oposición política y cívica para no reelegir a ningún magistrado del Consejo Supremo Electoral, por lo menos.
En realidad, es justificado el temor de que en esta ocasión se pueda repetir la situación de enero del año pasado, cuando el PLC, con el pretexto de que había sido imposible mantener el entendimiento con la otra parte de la oposición por su supuesta falta de inteligencia, flexibilidad y realismo político, justificó —o más bien pretendió justificar— el arreglo que hizo con el FSLN para entregarle la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, a cambio del fallo judicial que exoneró a Alemán de los cargos y la condena a 20 años de cárcel por delitos de corrupción.
En la manifestación que el PLC realizó en Boaco el domingo pasado, para proclamar la precandidatura presidencial del ex presidente Arnoldo Alemán, éste dijo en su discurso que dejaba atrás “todo acuerdo previo que hubiese podido forjarse en épocas pasadas”. Sin duda que Alemán se refería al arreglo que hizo con Daniel Ortega y el FSLN en 1999, el cual fue constitucionalizado en el año 2000, que le permitió al caudillo sandinista volver al poder gracias a la cláusula del 35 por ciento y a la división del voto opositor provocada por el pacto. Sin embargo Alemán justificó de hecho aquel arreglo prebendario con el argumento de que se debió a “situaciones coyunturales que ya hoy no existen”. “Ese pasado pasó —dijo Alemán—. Ése es mi nuevo compromiso con los nicaragüenses”.
Pero si Alemán ni siquiera reconoce el daño que le causó a la incipiente democracia y al pueblo de Nicaragua con aquel pacto perverso,y mucho menos que se arrepienta ¿cómo se le podría creer que ese pasado ya pasó? Es cierto que ahora ya no existen las “situaciones coyunturales” de 1999. El pacto para que Daniel Ortega ganara la elección presidencial con sólo el 35 por ciento de los votos, ahora no es necesario porque ya en la Constitución está asegurado. Sin embargo, actualmente hay en el país una nueva “situación coyuntural” en la que Ortega necesita el servicio político de Alemán —o de cualquiera que le asegure los votos indispensables en la Asamblea Nacional— a fin de repartirse los 25 cargos estatales, así como para legalizar y legitimar su candidatura a una nueva reelección presidencial. Y sobre este punto esencial el doctor Alemán guardó en Boaco un “prudente” pero significativo silencio.
La unidad de todas las fuerzas opositoras y en primer lugar de las liberales, es indispensable para derrotar al FSLN y salvar la democracia. Por eso nosotros quisiéramos creer que el doctor Alemán no va a pactar de nuevo con Ortega, ahora para darle a éste lo que necesita para mantenerse en el poder cinco años más, después del 2012, a cambio de que el PLC pueda conservar sus cuotas de poder en el Estado. Pero a juzgar por las señales que se están viendo en el cielo —o en el infierno— de la politiquería nacional, ese nuevo pacto contra la democracia parece inminente. Y si fuera así que Dios salve a Nicaragua.
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